Alcalá-Meco

Los firmantes queremos realizar las siguientes puntualizaciones a la carta publicada en EL PAÍS con fecha 8 de mayo de 1987, y firmada por don L. Pardo, presidente de Abogados Jóvenes:1. Conocemos sobradamente las maniobras ejercidas por el

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colectivo que el señor Pardo preside para minar soterradamente los cimientos de este centro, instigando a cierto número de internos a realizar denuncias constantes, de las cuales ni una sola ha prosperado judicialmente, por lo cual entendemos que el concepto del Estado de derecho que usted y su grupo tienen se circunscribe exclusivamente a la ley del embudo, no admitiendo en absoluto las resoluciones judiciales contrarias a sus intereses y ejerciendo su derecho al pataleo desde los medios de comunicación.

2. Podríamos relatar muchas actuaciones faltas de ética profesional de miembros de su colectivo. Entendemos, señor Pardo, que facilitar el trabajo de los letrados no significa tenemos que poner a su disposición para tareas subterráneas. Lo que de verdad les duele, y sentimos decirlo, es que en otros centros, en nombre del progresismo, consigan, llegado el caso, bordear la legislación vigente en aras de sus intereses particulares, cosa que no nan conseguido en Alcalá-Meco gracias a la decisión de la dirección del centro, y eso les empuja a atacarla con los argumentos más peregrinos (torturas, malos tratos, etcétera).

3. Reiteramos una vez más al señor Pardo que la ley orgánica General Penitenciaria, aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento -el cual usted reconocerá, suponemos, como órgano superior de la voluntad popular-, en su artículo 45 regula la utilización de los métodos coercitivos, y, por tanto, par nosotros, es tan legal el artículo 1º como el 45 de dicha ley. Por otra parte, recordarle que en este centro penitenciario hay un número elevado de internos calificados como muy conflictivos y muy peligrosos, los cuales están acusados de secuestros, extorsiones, violaciones, fugas, asesinatos y otros hechos cometidos en el interior de los centros penitenciarios.

4. Queremos manifestar nuestro absoluto descontento por el silencio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP), manifiestamente acobardada ante el Colectivo de Abogados Jóvenes, ya que entendemos que todas y cada una, de las decisiones de nuestro director no son otra cosa que el cumplimiento de las órdenes que emanan (o que deberían emanar) de la DGIP, la cual sigue actuando con la dejadez que le caracteríza y no saliendo al paso en la defensa de sus funcionarios. Por último, reiteramos nuestro apoyo a la gestión de don Santiago Martínez Cadarso, en la seguridad de que en su nuevo puesto seguirá defendiendo la legislación vigente por encima de todo.- Trabajadores del centro penitenciario