Procesado el dueño de Destilerías Centurión, de la antigua Rumasa

El magistrado juez del juzgado número 29 de Madrid ha dictado auto de procesamiento contra Luis Miguel Torrijos Varón, propietario de Vinos Ocaña, SA, que el 2 de agosto de 1984 adquirió al Patrimonio del Estado la firma Destilerías Centurión, SA, perteneciente al antiguo grupo de empresas Rumasa. Torrijos Varón ha sido procesado por acusación de apropiación indebida, consecuencia de la denuncia previa formulada por el Patrimonio.

Este proceso se inscribe en la promesa formulada por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en el Congreso de los Diputados de perseguir a aquellos compradores de empresas, de Rumasa que no cumplan los compromisos adquiridos con el Patrimonio y que queden al descubierto de las obligaciones contraídas con Rumasa, SA, a consecuencia de los contratos de compraventa de empresas.

Centurión adeudaba un pasivo fiscal a la fecha de la venta de 338 millones de pesetas, que fue asumido por Rumasa, determinándose en la escritura de compraventa que Rumasa facilitaría al comprador de Centurión los fondos necesarios para atender tales pagos. Rumasa entregó, en consecuencia, a Luis Miguel Torrijos talones por importe de 67,6 millones de pesetas, que no fueron dedicados a amortizar las citadas deudas fiscales.

Desviación de fondos

Como el Patrimonio detectara la desviación de tales fondos, a partir de un determinado momento los talones en cuestión fueron girados desde Rumasa nominativamente a favor del Tesoro público. La inmediata inspección financiera y tributaria estableció que el propietario de Destilerías Centurión había dejado de ingresar en Hacienda la suma de 64 millones de pesetas, cantidad que fue desviada a las cuentas bancarias de la empresa para ser utilizada en el tráfico mercantil normal de la misma, al margen del objeto para el que fue instrumentada, que era saldar esas deudas fiscales.En el auto de procesamiento, el juez establece prisión para el gerente de Centurión, con fianza de un millón de pesetas para conseguir la libertad provisional. Para asegurar las responsabilidades pecuniarias, el juez requiere además al procesado fianza de 84 millones de pesetas o el embargo de bienes de su propiedad por cantidad equivalente.

Destilerías Centurión fue vendida a Vinos Ocaña, propiedad del encausado, que ofreció pagar 88 millones de pesetas, 15% al contado, obligándose a no hacer regulación de empleo en dos años. La privatización supuso para Rumasa, SA, un coste de 328 millones de pesetas, ante la alternativa de la liquidación, que hubiera supuesto la pérdida de los puestos de trabajo. Por ajustes de balance, y de acuerdo con los términos del contrato de compraventa, el comprador pagó al final 67,8 millones de pesetas.