El procurador general argentino acepta el principio de la 'obediencia debida.'

El procurador general argentino, Juan Octavio Gauna, aceptó ayer el principio de la obediencia debida para quienes cumplieron órdenes de los mandos superiores en la represión política pero excluyó a quienes cometieron delitos "en provecho propio". Este es el primer apoyo judicial efectivo a la tesis defendida por el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín para delimitar las responsabilidades de quienes participaron en violaciones de los derechos humanos durante el último Gobierno militar.

El dictamen de Gauna fue entregado a la Suprema Corte de Justicia respondiendo a una presentación efectuada por los defensores del comisario Miguel Etchecolatz, del médico policial Jorge Berges, y del cabo de la policía Norberto Cozzani, condenados en primera instancia en la denominada Causa Camps.La causa del general Ramón Camps es considerada como la que podría crear jurisprudencia para todos los casos que se siguen en torno al principio de la obediencia debida en los juicios contra al menos 400 miembros de las fuerzas armadas argentinas.

Buena parte de ellos tenía muy baja graduación en el momento de haberse cometido los delitos denunciados en las 11 cámaras federales de todo el país.

La reclamación de que se acepte el principio de la obediencia debida fue uno de los argumentos presentados por los oficiales que se rebelaron durante la Semana Santa, provocando la mayor crisis militar que sufrió el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín.

En opinión del procurador Gauria, debe Investigarse la responsabilidad de los oficiales superiores, "en la medida en que hubieran elaborado la metodología utilizada para la represión política".Esa responsabilidad primaria fue atribuida por la Corte a

tos más altos mandos militaresen el juicio que se siguió en

1985 a las tres últimas juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983. Según el criterio de Gauna, el principio de la obediencia debida no afectará a quienes hayan cometido delitos que no les fueron ordenados o se extralimitaron de esa metodología" y hubieran cometido robos, secuestros, violaciones o

muertes".

Por último, Gauna indicó en una nota al presidente Alfonsín que "se debe reformar el Código de Justicia Militar para que, a la luz de las dolorosas experiencias,no queden impunes los delitos cometidos-en el marco de la irrestricta obediencia debida". El procurador agregó que el Código Militar "no impide la posibilidad de la planificación inadmisible de acciones bélicas que lesionan nuestros hondos sentimientos, nuestra filosofila política y jurídica y nuestro concepto de la dignidad y condición del hombre".