El Ministerio del Interior estudia fórmulas jurídicas para crear la figura de la retención policial

El Ministerio del Interior estudia diversas fórmulas jurídicas con el fin de crear la figura de la retención policial, consistente en la privación de libertad, pero sin las garantías que la ley ofrece al detenido. Estas retenciones surgen fundamentalmente en comprobaciones de identidades y otros controles policiales. Fuentes de Interior han admitido que en España se producen más de 1.000 detenciones ilegales o retenciones policiales diarias y que es necesario encontrar una solución jurídica. Tal solución, no obstante, choca con la doctrina del Tribunal Constitucional, que aseguró recientemente en una sentencia que no se pueden encontrar "zonas intermedias entre detención y libertad".

La creación de la figura jurídica de la retención ha sido reiteradamente solicitada por la práctica totalidad de los sindicatos policiales, que entienden que su inclusión en el ordenamiento jurídico tan sólo legalizaría una situación de hecho que se da continuamente en el país.El Sindicato Profesional de Policía (SPP), con fuerte implantación entre los inspectores, envió en noviembre de 1986 un informe a la Administración señalando que "cientos o quizás miles de ciudadanos son privados temporalmente de su libertad al objeto de averiguar o confirmar su identidad o por otras conductas que en ningún caso son constitutivas de delito o falta. Ninguno de estos cientos o miles de ciudadanos son privados de libertad en los casos y en la forma prevista por las leyes".

Fernando Vázquez Romay, presidente del Sindicato Nacional de Policía (SNP), con -afiliados entre los Agentes uniformados, manifestó ayer que en una gran ciudad como Madrid puede haber hasta "cerca de 4.000 retenciones diarias". Otras fuentes sindicales añaden que otro de los casos flagrantes de retenciones surge con los controles antiterroristas, que la policía efectúa periódicamente en diversas ciudades españolas.

Fuentes policiales y jurídicas consideran retención no sólo el traslado a comisaría sin detención formal, sino la simple comprobación de identidad efectuada por un agente a la central de datos.

Entre la espada y la pared

"Lo dicho es una realidad mandatada incluso por órdenes de servicio de carácter interno", añade, el informe del SPP' Los agentes "se encuentran constanrotemente entre la espada del te mor a sufrir las consecuencias de un procedimiento judicial que contra ellos se pueda seguir por el delito de detención ilegal y la pared de considerar que abandonar esta práctica supondría olvidar la labor de prevención policial", agrega el SPP.

José María Rodríguez Colorado, director general de la Policía (DGP), respondió en noviembre pasado al SPP señalando que se están estudiando diversas alternativas en cumplimiento de lo ordenado por José Barnionuevo, ministro del Interior. Alfonso Calvé, jefe del Gabinete Técnico de la DGP, remitió el 9 de marzo pasado un escrito a diversos sindicatos señalando que los servicios jurídicos de la Secretaría de Estado para la Seguridad elaboran un informe "encaminado a la modificación de la legislación vigente".

Fuentes de Interior precisaron que el mes pasado el Gabinete de la DGP envió una nota a la Secretaría de Estado para la Seguridad, cuyo titular es Rafael Vera, "poniendo de manifiesto la conveniencia de la regulación de la retención". Estas fuentes señalaron que "la retención es una realidad" y admitieron que se dan más de 1.000 detenciones ilegales a diario en España".

"Es necesario la promulgación de una normativa, que incluso debería tener rango de ley orgánica, ya que afecta a los derechos de los ciudadanos", añadieron estas fuentes, que aseguraron que los servicios jurídicos del ministerio pretender conseguir una fórmula que permita funcionar a la policía y por otro lado respetar la legalidad".

Sin embargo, expertos juristas consultados por este periódico han señalado que tal fórmula es más que improbable, ya que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha de 10 julio del año pasado, que califica la retención policial de "indebida restricción" de, la libertad recogida en la Constitución vigente.

En este sentido, un portavoz de la Plataforma Unitaria de Policía (PUP), sindicato de carácter progresista, manifestó su posición favorable a la doctrina constitucional y señaló que legalizar la retención no solucionaría la inseguridad ciudadana". "Otras figuras de excepcionalidad, como la ley antiterrorista, tampoco han dado los frutos apetecidos" añadió este portavoz. La Unión Sindical dé Policía (USP) considera, por su parte, que las facultades de detención en España son tan amplias que hacen innecesaria la creación de la retención.

Fuentes policiales han indicado que más del 95% de las retenciones, no son efectivas, ya que suele tratarse de ciudadanos que no son buscados por ningún delito. "Además, una persona retenida, pero no detenida, no goza de los derechos que acompañan a tal situación", añadieron.