Un acuerdo necesario

EL ACUERDO suscrito entre el Ministerio de Sanidad y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) abre las puertas a la esperanzade la necesaria normalización en la sanidad pública española, agitada en los últimos meses por un conflicto en el que se mezclaban reivindicaciones estrictamente laborales con otras de mayor calado, a las que no eran ajenas las pretensiones de un sector de la clase médica de erigirse en árbitro de la reforma sanitaria que reclama la sociedad española. La cadena de huelgas de los últimos meses ha provocado no sólo un deterioro de la sanidad pública española, sino de la propia imagen de los médicos.El acuerdo suscrito tiene, en principio, la bondad de potenciar el carácter de dedicación exclusiva a la medicina pública, fijando unos salarios dignos para los profesionales que libremente han optado a un cargo en la Administración. El acuerdo supone que aquellos médicos que opten por la dedicación exclusiva y realicen las guardias ganarán tanto, y en algunos casos más, que otros titulados -universitarios de los cuerpos de elite de la Administración del Estado. El acuerdo supone para aquellos facultativos que opten por la dedicación exclusiva un aumento de sueldo de 900.000 pesetas anuales para los médicos adjuntos, un millón de pesetas para los jefes de sección y 100.000 pesetas para los jefes de servicio y departamento. Posiblemente habrá profesionales médicos que consideren insuficiente, desde el punto de vista económico o profesional, el horizonte que ofrece la sanidad pública española. Todos ellos tienen abierta la posibilidad de desarrollar, desde la iniciativa privada, su légitimo derecho a beneficiarse económicamente por la calidad de sus prestaciones y de sus conocimientos profesionales. Pero lo que es dificilmente justificable es que se quiera mantener una renta garantizada del Estado, por unas horas en los hospitales o en las consultas públicas, combinándola con una dedicación privada donde desarrollar la fuente principal de sus ingresos. Es una flagrante obviedad recordar la legitimidad del deseo de promoción personal, pero tal vez no esté de más señalar que ello no puede hacerse a costa de generar una visión catastrofista del funcionamiento y estructuras del sistema sanitario público y del desprestigio del mismo ante la opinión pública. Porque, hoy por hoy, la red sanitaria pública, con todas sus limitaciones y carencias, es el dispositivo sanitario de mayor calidad de nuestro país.

El Estado tiene la obligación de garantizar un servicio público de salud que no discrimine a la población por motivos socioeconómicos a la hora de su acceso a las prestaciones sanitarias, debe mejorar tanto la asistencia como la calidad asistencial y corregir una, situación en la que se mantienen graves desigualdades en, el acceso a la salud en las distintas comunidades autónomas. El acuerdo suscrito no es la panacea para todos estos graves problemas. Pero sin él, la necesaria reforma de las estructuras del sistema sanitario público sería imposible. Las voces y los criterios de los médicos que han optado por trabajar en la función publica deben ser escuchados y deben articularse los canales necesarios para que los profesionales de la salud puedan contriburr a la mejora de un servicio público tan esencial. Porque la sociedad española no puede permitirse el lujo de asistir a un interminable conflicto en el que unos funcionarios de rango universitario reclamen para sí una situación que no tiene ningún otro cuerpo del Estado.