El frente del Ebro

El Ebro no guarda silencio al pasar junto al Ayuntamiento de Zaragoza. Más bien escupe metralla compuesta tanto por tornillos preelectorales como por la revelación de un cúmulo de irregularidades administrativas en la concesión de obras públicas municipales. La semana que empieza resultará decisiva. Una comisión investigadora, compuesta por todos los partidos del consistorio, pedirá mañana la dimisión del alcalde. Todo está causado por el Chuecagate, un caso llamado así por el nombre del constructor, Francisco Chueca.

El Chuecagate consiste en la realización de unas obras de acondicionamiento de unas naves para las brigadas municipales sin mediar los debidos trámites. "Ningún órgano municipal competente dio autorización a las obras, que han sido ejecutadas por la brava", resume el secretario de la comisión investigadora, el comunista José Luis Martínez.Las principales irregularidades abarcan la ausencia de proyectos previos; la carencia de consignación presupuestaria; la fragmentación de la obra -eludiendo la competencia-, cuando su cuantía no lo permitía; y la inexistencia de autorización. El alcalde, el socialista Antonio González Triviño, reconoce la carencia de trámites, que atribuye a un simple fallo de los servicios técnicos: "Todo se reduce a que el arquitecto director de la obra no pasó la ampliación de la obra a trámite de los organismos municipales".

Para Triviño, el mero fallo técnico se está enlodando por razones políticas: "La oposición se aprovecha y hace electoralismo porque estamos ante la convocatoria del 10 de junio".

El caso podría llegar a costarle el cargo. A los 13 concejales de la oposición que pedirán su dimisión, probablemente se les sumen varios de los 10 socialistas enfrentados al grupo minoritario (seis) que encabeza el alcalde, desde que fueron marginados por éste de las listas electorales. Esta división se ahondó al inicio de esta semana, con la expulsión, por la ejecutiva federal del PSOE, de dos concejales, Sebastián López y Miguel Allué, que habían denunciado públicamente las irregularidades, basándose en que lo habían hecho fuera de los cauces establecidos.

Los expulsados argumentaron, en su defensa, la obturación de los cauces por el actual alcalde. Sebastián López, portavoz del grupo municipal del PSOE, se lamenta: "Esto es increíble: aquí no se castiga al que comete las irregularidades, sino a quien las denuncia".

La comisión investigadora entregará mañana sus conclusiones, y el jueves se celebrará un pleno decisivo. Entre las conclusiones destaca el hecho de que se elevarán los trabajos a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. La comisión pedirá también que el pleno se pronuncie sobre la actuación del arquitecto municipal director de la obra. Y, como colofón, la inmediata destitución, por el alcalde, del tercer teniente de alcalde, de Hacienda, Emilio Comín; así como la dimisión del alcalde, para lo que todos esperan poder ejercitar el voto secreto y, así, consumar la división del PSOE (ver despiece) sin tener que forzar el rubor de los concejales socialistas.

Las naves polémicas

Las naves de la polémica están en Cogullada, en las afueras de Zaragoza. En 1982, el Ayuntamiento sometió a concurso-subasta la construcción de unas naves para las brigadas municipales (albañilería, fontanería, carpintería), dispersas por la ciudad. La contratista nunca llegó a edificarlas, y en 1984 se decidió, aprovechando la gran oferta generada por la crisis, adquirir unas ya construidas, llaves en mano. Se compraron por 98 millones, dentro de los que se contabilizaban 13,5 millones como obras de adecuación".Desde la compra hasta hoy se han realizado más obras, por 130 millones, en tres partidas. La primera se adjudicó, mediando requisitos, a Construcciones Chueca. Su hombre fuerte, Francisco Chueca, que contrata con el municipio desde 1964, exhibe amistad con el alcalde, como ha contado: "Yo no tengo la culpa de que ahora haya un alcalde que es amigo mío".

En la segunda partida saltó la liebre. Hacienda llevó al pleno del 30 de diciembre un reconocimiento de obligación por 44 millones de pesetas. Correspondían a obras ya realizadas por Chueca en las naves, pero nunca adjudicadas y sin proyecto previo. Una tercera partida, por 37 millones, corresponde a un proyecto no aprobado, y quedan 20 millones más, hasta totalizar unos 1,30.

La aparición de esa tercera partida sin trámites legales provocó "un clima general de consternación" en el grupo municipal socialista, según la declaración del concejal José Luis Castro Polo. Precisamente, Castro dimitió el 3 de abril como delegado de Propiedades porque "se :Iba a producir una manifiesta ilegalidad, al adjudicarse unas obras (las de la Escuela de Danza) que, en parte, ya estaban realizadas".

Para los críticos, estos casos constituyen "sólo un sintoma de una práctica irregular muy extendida". El propio constructor, Francisco Chueca, viene a abonar sus argumentos, según consta en las actas de su comparecencia ante la comisión:

Pregunta. ¿Usted conoce, que el límite de las ampliaciones de obra en la legislación vigente está en el 20%?

Respuesta. No lo reconozco, porque otras veces ha ocurrido, que se ha ordenado ejecutar por importe superior al 20%, romo por ejemplo en el caso de la, Cartuja, que empecé con dos millones y acabé con 16.

P. ¿Recuerda otros casos?

R. Sí, la Casa Amparo, el Palacio de los Deportes. En el. caso de la Escuela de Música y en las obras de la visita del Papa se hizo la obra sin que existiera previamente adjudicación. También recuerdo el caso de escuelas que por hundimiento fue preciso ejecutar obras sin adjudicación previa: San José de Calasanz, Rosa Arjó, Ramón y Cajal y muchas más. Urgencias siempre ha habido y siempre habrá".

El alcalde apoya ese argumento, al indicar que "se ha ido haciendo sin la debida tramitación, pero es urgente, hay que terminarlo y se hace". La oposición cree que "si es cierto que hay obras urgentes, lo que no es tan urgente es que se las lleve siempre Chueca, por ser quien es".

Aunque las acusaciones de los investigadores son de falta de tramitación y omisión en la necesaria vigilancia, González Triviño se parapeta en el argumento económico. Según los cálculos de los servicios técnicos de la alcaldía, el metro cuadrado de nave ha salido por 19.236 pesetas, cuando el precio contrastado de mercado es de 35.146. "Luego", razona el alcalde, "se ha producido un ahorro de 143 millones al erario público. Por tanto, no ha habido responsabilidad contable, que se da cuando el precio de coste resulta superior al del mercado". Según él, tampoco hay responsabilidad administrativa, pues ningún órgano competente dio orden de continuar las obras.

No hubo orden. ¿Cómo, pues, el constructor se arriesgó a proseguir las obras?. Por indicación del arquitecto, ha dicho. Será "un filántropo", ha ironizado un concejal ante la comisión.