El juez que se disfrazó fue expedientado tras un informe confidencial de la policía
El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de primera instancia e instrucción de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Manuel Sánchez Álvarez, por una presunta falta muy grave, fue motivado por un informe confidencial de la comisaría de policía de la citada capital que el delegado del Gobierno remitió al presidente de la Audiencia Territorial de Canarias.
El juez, que ha sido acusado de presidir una vista durante los pasados carnavales disfrazado de D'Artagnan, ha negado los hechos, en tanto que abogados, procuradores y las dos partes litigantes relacionadas con el caso se han dirigido al CGPJ calificando como "manifiestamente falsa" la versión difundida. En el informe del Cuerpo Nacional de Policía, en Puerto del Rosario, elaborado el 19 de marzo, dos días después del juicio, se asegura que el juez asistió al mismo "ataviado con una capa roja, calzón corto, medias blancas y sombrero con una pluma, simulando un mosquetero". Asimismo se afirma que el abogado Raúl Miranda apareció "vestido de saharaui o moro", y el secretario del juzgado, "con otra vestimenta de carnaval de características indefinidas".La policía precisa que otro de los abogados, Manuel Travieso, fue "el único que compareció vestido correctamente" y que el procurador de una de las partes se negó a entrar en la sala de audiencias "por considerar que no era digno la celebración de un acto judicial con la vestimenta que portaban parte de los actuantes". Además se señala que, en el transcurso de la mañana del mismo día, las personas que acudieron a las dependencias de los juzgados se vieron "sorprendidas y extrañadas" al comprobar que los administrativos "desempeñaban sus funciones vestidos con trajes de carnaval. En el párrafo final del documento confidencial de la policía se indica: "Esta serie de hechos ha dado lugar a un sinfin de comentarios en todas las esferas de la población, todos ellos de un marcado matiz negativo y de falta de seriedad, como asimismo de falta de respeto al ciudadano y a la propia Administración de justicia".
"A lo anteriormente expuesto hay que añadir", se precisa en el mismo texto, "el comentario general de que durante la celebración del carnaval, que tiene lugar esta semana en esta localidad, se ha podido comprobar la presencia de su señoría en lugares de esparcimiento nocturnos, vestido de presidiario, con notables muestras de inconsciencia y adoptando actitudes y comportamientos impropios de su cargo y de lo que representa".
En la descripción de los hechos, la policía incurre en varios errores al confundir al abogado de la parte actuante con el de la demandada; al secretario del juzgado (que es una mujer) con el auxiliar del mismo, y a la sala de juicios con el despacho del juez, que fue donde realmente se celebró la vista.
Dos días después de la redacción de este informe confidencial, que fue conocido inicialmente por el delegado del Gobierno en la isla, Manuel Hernández Hierro, el titular de la delegación del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández Gutiérrez, magistrado en excedencia, trasladó el mismo texto al presidente de la Audiencia Territorial, José Mateo.
La sala de gobierno de la Audiencia acordó el pasado día 3 de abril remitir tales diligencias al presidente de la comisión disciplinaria del CGPJ, José Luis Calvo Cabello, "por si los hechos pudieran ser de su competencia sancionadora".
Preocupación
El juez Sánchez Álvarez se muestra preocupado ante las posibles consecuencias profesionales que le puede acarrear el expediente que le ha sido abierto, para el que ya fue nombrado instructor el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Acevedo y Campos. No se explica la razón última de este equívoco, ya que tanto él como las siete personas restantes que participaron en el polémico juicio han desmentido categóricamente la presunta carnavalada.Sánchez Álvarez, que vive en un tercer piso del edificio del Ayuntamiento (en la parte alta del juzgado), junto a los cuarteles de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía, se resiste a sentirse vigilado. "No creo que la policía esté siguiéndome los pasos; sería estúpido, pero me intranquiliza lo que está sucediendo, porque no acierto a saber qué es lo que puede haber detrás". Considera que su caso ha surgido en un momento delicado de cambio en la Administración de justicia y muestra una actitud comprensiva hacia el CGPJ
Durante las últimas semanas ha hecho un esfuerzo por reconstruir todos sus movimientos del día de autos. Aquel 17 de marzo comparecieron en su despacho y no en la sala de juicios, por la naturaleza de la causa el vicepresidente del cabildo de Fuerteventura, Domingo Fuentes; el secretario de esta corporación, Ramón Rodríguez; el abogado y el procurador del cabildo, Manuel Travieso y Esteban Domínguez, respectivamente, y el letrado y procurador del demandante, Raúl Miranda y Dolores Felipe.
Estaba presente también el auxiliar del juzgado, Pablo Hernández, que actuó de secretario. "Yo vestía chaqueta y corbata, como acostumbro a hacer, y en el juicio nadie acudió disfrazado", afirmó el juez.
Según Sánchez Álvarez, el disfraz de mosquetero lo utilizó cuando ya había concluido la jornada laboral y para salir a la calle en compañía de abogados, procuradores y funcionarios de los juzgados de distrito e instrucción de la citada capital, que también iban disfrazados. "Los jueces tenemos vida privada, y vestirse con ropa de carnaval esos días es algo normal en Canarias". Los abogados y procuradores participantes en el juicio dirigieron un escrito al CGPJ expresando que los hechos que han motivado el expediente al juez son "manifiestamente falsos'.
