Un juez expedientado niega que fuera a un juicio disfrazado de D'Artagnan

Manuel Sánchez Álvarez, de 31 años, juez de instrucción de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, ha desmentido categóricamente los hechos por los que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrirle el pasado día 9 de abril un expediente por posible falta muy grave. El Consejo adoptó tal decisión a raíz de un informe del Cuerpo Nacional de Policía en el que se aseguraba que el citado juez había celebrado un juicio el 17 de febrero pasado, martes de carnaval, disfrazado de D'Artagnan. Sánchez Alvarez es miembro de Jueces para la Democracia.

El CGPJ nombró instructor del caso al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Acevedo y Campos, quien investigará los hechos. El presidente de la comisión disciplinaria del Consejo, José Augusto de Vega, señaló que del informe que elabore el instructor se desprenderá si el caso es archivado o si se levanta un pliego de cargos que, de resolverse con una sanción, podría suponer hasta la separación de Sánchez Álvarez de la Magistratura. La comisión disciplinaria instruyó el expediente basándose en el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere al abandono o retraso injustificado o reiterado en el desempeño de la función judicial.El caso está rodeado de cierta nebulosa, ya que los abogados y procuradores de las dos partes participantes en el juicio donde se presume que el juez intervino ataviado con una fantasía de mosquetero, han negado la veracidad de tales circunstancias. La vista, que se celebró en el despacho del juez por tratarse de un procedimiento civil, se desarrolló con toda normalidad, según los citados testigos.

Sánchez Alvarez señala que asistió al juicio vestido correctamente, con chaqueta y corbata. De otra parte, estima que difícilmente la policía puede asegurar que lo hiciera con otra indumentaria ya que no estuvo presente en la sesión, a la que sólo tuvieron acceso los abogados y los procuradores de las dos partes, el vicepresidente del cabildo y los representantes del propietario de un garaje, éstos dos últimos como litigantes. Sánchez Álvarez considera que es objeto de una confusión ya que pudo vérsele disfrazado cuando salía de su domicilio particular, en compañía de abogados y funcionarios, también ataviados con indumentaria de carnaval, después que concluyera el horario laboral en el juzgado.

Apoyo sindical

Los sindicatos UGT, CC OO y Sindicato Obrero Canario se han solidarizado con el juez de Puerto del Rosario por entender que es víctima de "una campaña de desprestigio que hace meses viene dándose contra él por parte de los especuladores y de los sectores más reaccionarios, conservadores y económicamente más potentes de Fuerteventura".En un comunicado, las citadas organizaciones sindicales opinan que con la difusión pública de la apertura del citado expediente "se ha contribuido a alimentar esta campaña de descrédito contra un profesional íntegro que ha puesto freno a una serie de actuaciones fraudulentas, que en Fuerteventura se han convertido en práctica habitual, y con las que se venía perjudicando gravemente a los trabajadores y sus familias".

Sánchez Álvarez ha sido el primer juez que ensayó en Canarias, en un juicio ordinario, la fórmula del jurado. Su actuación en la isla de Fuerteventura ha estado caracterizada por una actitud firme frente a los delitos cometidos por miembros del tercio de la Legión allí emplazado y frente a determinadas extralimitaciones de los inversores turísticos que han imprimido en la isla un desarrollo desorbitado en las explotaciones hoteleras.

Sánchez Álvarez pertenece a la última promoción de jueces que ingresaron en la carrera por oposición y cursaron sus estudios el pasado año en el Centro de Estudios Judiciales, antes de incorporarse a sus respectivos destinos. Sánchez Álvarez, de ideología de izquierda, participó en la elaboración de un documento en el que se criticaba el funcionamiento del centro.

Entre estas críticas figuraba la falta de adaptación a la Constitución tanto de las enseñanzas impartidas en el centro como de determinados profesores. El entonces presidente de la comisión disciplinaria del Consejo, Pablo García Manzano, asumió muchas de estas críticas que, en gran parte, se corrigieron con el nuevo reglamento del centro y con la designación como director de Carlos García Valdés.