Los fallidos del Consell Executiu

Los avales concedidos por los Gobiernos de Jordi Pujol han costado caro a las arcas públicas, sí bien más en términos relativos que absolutos. El total de avales formalizados por la Generalitat a favor de empresas privadas asciende, hasta final de septiembre de 1986, a 12.425 millones de pesetas.La Generalitat ha debido hacer frente a 2.109 millones de pesetas, lo que equivale a un 17% del montante total concedido. Pero esa cifra constituye un porcentaje mucho más alto si se tiene en cuenta que de los 12.425 millones concedidos, el riesgo potencial asciende a 7.896 millones de pesetas, y, por tanto, la cantidad vencida es escasa.

Si no se contabilizasen los intereses de demora y los gastos de ejecución, que están incluidos en los 2.109 millones de quebrantos, y si el riesgo vivo no incluyera una parte de renovación de riesgo antiguo, el resultado de restar a la cantidad avalada (12.425 millones) el riesgo vivo (7.896 millones) daría el riesgo amortizado, 4.529 millones de pesetas.

Un fallido de 2.109 millones sobre un total de 4.529 millones, supone un porcentaje de fracaso del 46,6%. Se trata de un porcentaje teórico, que debe corregirse a la baja, dadas las partidas correctoras mencionadas. Pero aún así, es indicativo del orden de la magnitud en que, en proporción, resultan fallidos los avales otorgados por la administración catalana, bien sea a través de organismos interpuestos como la antigua CARIC, o directamente por el Consell Executiu.

Los avales formalizados a favor de empresas públicas, por algo más de 30.000 millones, no han supuesto quebrantos, hasta el momento.