La trampa telensiva

LA PRIMERA y somera lectura del proyecto de ley sobre Televisión, Privada que el Gobierno ha aprobado enviar a las Cortes, indica lo que ya se sabía: la reticencia de los socialistas a potenciar la: sociedad civil, su deseo de multiplicar los controles que sobre ella ejercen desde el Estado y su poca sensibilidad para contemplar el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho de los ciudadanos y no como un re,galo de los gobernantes.Cuando hace un año el Gobierno anunció la inminencia de la regulación de la televisión privada, nos felicitamos de un paso semejante, que pensábamos contribuiría a potenciar el ejercicio de la libertad de los españoles. Hoy comprobamos que sólo se estaba tendiendo una trampa. Con su gesto de ahora, el Ejecutivo aparenta haber dado un primer paso hacia el cumplimiento de uno de sus compromisos electorales, pendiente desde octubre de 1982. Pero la densidad de las cautelas y restricciones incluidas en el texto, en particular en relación a la participación de empresas de comunicación ya constituidas, hace dudar del entendimiento democrático de los socialistas, o al menos del sector que ocupa los rellanos del poder.

La Constitucion Española consagra expresamente el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". El moriopolio estatal mantenido durante 30 años sobre el más característico e influyente de los medios de difusión contemporáneos es contradictorio con ese principio constitucional, derivación del artículo primero de nuestra ley de leyes, que propugna "como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". En toda sociedad democrática, ese pluralismo es inseparable de la existencia de medios de comunicación independientes del poder político. Por lo mismo, la contemplación, nuevamente en el proyecto que comentamos, de la televisión como un servicio público y no como un derecho de los ciudadanos sitúa el pensamiento político de nuestros gobemantesen sus debidos términos.

Consecuente con su trayectoria estatista, durante años el PSOE fue doctrinariamente reticente a la legalización de la televisión privada. Poco antes de su victoria de 1982, sin embargo, renunció a esa posición y se comprometió a regular, en base a la experiencia de otros países, el libre acceso de la iniciativa'privada a ese medio. Los sucesivos aplazamientos en el cumplimiento de su compromiso aparecen ahora como la prueba de que esa rectificación doctrinal no era tal, sino sólo un oportunismo electoralista. Los socialistas no querían la libertad de las ondas, como tampoco la quiso anteriormente el franquismo, ni la UCD. Hicie ron una promesa atractiva para el electórado, harto de la manipulación de la televisión pública por parte del poder. Pero cuando esta manipulación comenzó a hacerse en su beneficio se dispusieron a un empeño tan lamentable como imposible a medio plazo: el de controlar no sólo TVE, sino cuantas televisiones pri vadas se intenten hacer en este país. A eso responde el proyecto de ley y en esa altruista mira se reflejan los principios que lo informan.

Aunque hemos de ocupamos en días sucesivos de la ley que el Gobierno propone, y de su análisis jurídi co, baste hoy señalar como ejemplo de lo que decimos las restricciones que a la participación en el capital de las sociedades concesionarias se sugieren. No se trata, en contra de lo que algunos ingenuos doctrinarios podrían suponer, de poner, coto a la concentración de poder o al oligopolio de éste en manos privadas, sino de frenar la presión del ejercicio crítico de los medios de comunicación. En efecto, cuando en todo el mundo desarrollado hay una tendencia inevitable hacia los sistemas multimedia como método de garantizar la pujanza y la fortáleza de unos medios de comunicación independientes, capaces de contrapesar el enorme poder de los Estados y sus diversificadog tentáculos, el proyecto de ley procura evitar eso a toda costa. De manera que las empresas periodísticas ven, de hecho, recortada su posibilidad de participación en los canales televisivos a un 15%. Entiéndase: es el poder de las empresas periodísticas, y de los periodistas que trabajan en ellas, y de la opinion que representan, el que es preciso frenar, según el Gobierno. No hay limitación semejante para cualquier otro tipci de compañías. Uno puede tener un banco, una fábrica de ordenadores o de armas, una agencia de seguros, una compañía de aviación y participar en un 25% del capital de una cadenade televisión. Pero si tiene un semanario de información general no podrá hacerld, no vaya a concentrar demasiado poder. Curiosa manera de ver las cosas, que resulta más curiosa aún cuando el proyecto no prevé limitación semejante a las empresas multimedia en el extran ero. 0 sea, que alguien puede tener una televisión en1talia, otía en Francia,. y ser mejor aceptado por el Gobierno socialista en España que el propietario de un diario local de una pequeña provincia. Así, la industria de la comunicación española se verá debilitada ante la competencia exterior y perderá presencia en !u área idiomátíca.

Éstas son algunas muestras de que lo que el Gobiemo ha pretendido no ha sido regular el ejercicio de la libertad de expresión e información a través de la televisión, como era su compromiso electoral, sino salir del paso. Lo ha hecho tarde, mal y con daño. Las consecuencias de tanta torpeza son ya previsibles: la televisión privada española amenaza salir con una endeblez de gestión tal, dada su composición de capital, y los requisitos que se exigen, que el Gobierno se mantendrá siempre en la cómoda posición de poder, presionar a gusto y a modo sobre ella.

El PSOE ha perdido una magnífica oportunidad. La experiencia demuestra que podía haber dado la credibilidad que nunca tuvo a la televisión pública a base de hacerla competir con la privada. En realidad, sólo amenaza con conseguir todo lo contrario: que no tenga credibilidad nadie.