El Gobierno envió ayer a las Cortes el proyecto de ley sobre la televisión privada

Las exigencias impuestas a las empresas asegurarán su solvencia y transparencia económica, según el texto

El Gobierno envió ayer al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley sobre Televisión Privada, cuyo texto encabezó con una "exposición de motivos" en la que atribuye las exigencias impuestas a las empresas concesionarias de cada canal a un deseo de "asegurar la solvencia y la trasparencia financiera de tales sociedades". Las restricciones a la participación en el capital son explicadas por el Ejecutivo socialista. como un modo de conseguir "un ensanchamiento o ampliación del pluralismo informativo" a través de la estructura interna de las empresas.El proyecto de Ley, aprobado el pasado viernes por el Consejo de ministros después de haber sido estudiado en otras dos reuniones anteriores, fue enviado ayer al Parlamento para iniciar su tramitación sin haber realizado previamente negociación alguna con la oposición, a diferencia de lo que el Gobierno hizo hace un ano, cuando aprobó su primer proyecto legislativo sobre la televisión privada.

En la "exposición de motivos" con que presenta al Parlamento su proyecto de Ley, el Gobierno sostiene que "la naturaleza de servicio público de la televisión, su importancia y el número limitado de las concesiones conlleva que el proyecto introduzca un conjunto de normas relativo a las sociedades privadas que han de gestionar dicho servicio, con el objeto de asegurar la solvencia y la trasparencia financiera de tales sociedades así como un en el pluralismo ensanchamiento o ampliación informativo a través de su estructura interna".

Tras insistir en que "uno de los objetivos del proyecto de Ley es que, en efecto, la televisión privada sirva para ensanchar las posibilidades del pluralismo informativo en España", el Gabinete declara que "la adjudicación de las concesiones se hará, en todo caso, mediante criterios objetivos". Para amparar sus limitaciones a la propiedad de canales privados de televisíón, el Gobierno señala que se ha "inspirado (...), en las normas que los ordenamientos jurídicos de otros sistemas democráticos suelen prever para evitar las situaciones contrarias a la libre competencia o que puedan implicar la existenc¡a de oligopolios o el abuso de una posición dominante".

Al resumir los aspectos más significativos del proyecto de Ley, el Gobierno resalta que la autorización a empresas privadas para que emitan por televisión está condicionada a que estas asuman la obligación de realizar una cobertura nacional, lo que excluye la posibilidad de que obtención emisoras de ámbito exclusivavamente autonómico, províncial o municipal junto a esta limitacíón, el Ejecutivo impone a los tres canales autorizados la obligación de realizar emisiones limitadas al territorio de las zonas geográficas que delimite un futuro Plan Técnico Nacional. Dicho Plan tendrá que ser elaborado por un organismo autónomo presidido por el ministro de Trasportes y aprobado por el Gobierno.

Una vez presentado dicho Plan, el Ejecutivo convocará un concurso público para comparar las garantías financieras, la viabilidad técnica y las previsiones de producción de las diversas solicitudes.

El proyecto de ley no se publicará en el Bo!etín Oficial del Estado hasta el próximo otoño, entre los meses de octubre y noviembre, según fuentes parlamentarias socialistas. Estos siete meses que distan hasta la fecha de la aprobación obedecen principalmente a que el proceso de tramitación se verá interrumpido por dos vacaciones parlamentarias,- Semana Santa y verano- y porque el Gobierno no ha imprimido al proyecto el carácter de urgente.

Una vez abierto el plazo de enmiendas es previsible que la mayoría de los grupos presenten, además de enmiendas al articulado, otras de devolución al Gobierno, lo que provocará un primer debate general sobre la ley en el pleno. Si estas enmiendas de devolución son rechazadas, la ley será estudiada por una ponencia, que redactará un dictámen. A continuación, será ya una comisión la que emita su dictámen, que será debatido en el pleno del Congreso.

El proyecto tendrá que seguir después de la tramitiación en el Senado. Si en ésta Cámara los Grupos Parlamentarios introdujesen alguna modificación, el proyecto tendría que ser sometido de nuevo a votación en el Congreso de los diputados.