El importador de la colza será interrogado en la primera sesión del juicio, que empieza hoy

Juan Miguel Bengoechea, el aceitero que importó la colza desde Francia para distribuirla en la Península, será el primer acusado que declarará en el juicio sobre el síndrome tóxico, que comienza a las 9.30 de hoy en un pabellón de la Casa de Campo, de Madrid, habilitado especialmente para este caso. La vista pública por el envenenamiento masivo que costó la vida a cerca de 600 personas y que dejó enfermas a 25.000 empezará, pues, con la declaración de uno de los principales implicados, a quien se acusa de haber desviado para el consumo humano 600.000 kilos de aceite que estaba destinado a la industria.Finalmente, los abogados y el tribunal se han inclinado por ordenar el interrogatorio siguiendo el relato del fiscal, Eduardo Fungairiño, con lo que fue desechada la posibilidad alternativa, apuntada por miembros del propio tribunal, de establecer un orden alfabético.

El juicio comenzará con el informe preceptivo del secretario, Joaquín Cassinello, quien dará cuenta del motivo del proceso, de quiénes son los acusados y hará un resumen de las calificaciones provisionales del fiscal y de los abogados de ambas partes. Es la denominada dación de cuentas, que está prevista en el artículo 701 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

En principio, se prevé que este trámite dure dos horas y media, lo qué se ha logrado merced a un acuerdo de los letrados de la acusación y de la defensa para agilizar el juicio. Estos abogados han aceptado que se resuman y agrupen sus conclusiones provisionales, que ocupan más de 1.000 folios, y que en otro caso habrían ocasionado una lectura del secretario durante diez días.

Una vez concluido este trámite, comenzará el interrogatorio de Juan Miguel Bengoechea.

Aviso inicial

Antes del inicio de cada sesión del juicio, se oirá un aviso a través de la megafonía de la sala. Este aviso es una grabación realizada por una locutora profesional en el que se detallan las normas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para las sesiones. Las normas incluyen aspectos sobre el comportamiento en la sala, como la prohibición de fumar, la de no ingerir alimentos durante la vista, o que el público deberá abstenerse de realizar manifestaciones de aprobación o de rechazo.

Fuentes jurídicas han precisado que este aviso, que se repetirá varias veces antes del comienzo de las sesiones, recuerda un poco a los mensajes que se escuchan en los aeropuertos, aunque lo que se pretendía es que dado el contenido árido de las normas y su carácter restrictivo, el público no tuviera la impresión de que estaba sometido a una disciplina cuartelera.

El Juicio comienza sin que se haya resuelto el conflicto de las acreditaciones para los afectados por el síndrome tóxico. El tribunal y los letrados de la acusación particular se reunieron el pasado jueves, y acordaron un reparto proporcional al número de afectados a los que representa cada uno, y teniendo en cuenta el número de querellas presentadas.

Fernando Salas y Doris Benegas rechazaron esa distribución, devolvieron sus credenciales y argumentaron que debían ser entregadas directamente a las asociaciones para que ellas las repartiesen. Asimismo, se quejaban de que a cuatro abogados -Francisca Sauquillo, Ignacio Uriarte, Antonio García Pablos y José María Mohedano les hubieran correspondido casi 200 asientos de los 300 que están disponibles para los enfermos. Estos letrados son los que tienen mayor número de representados, y sólo García Pablos suma cerca de 5.000. A Fernando Salas le habían correspondido 25 credenciales, para una representación de 1.700 personas; y a Doris Benegas, 18, en nombre de 1.300 afectados.

El tribunal tiene previsto Pardar durante 20 minutos los asientos que correspondieron a la representación de Salas y Benegas, como se hará con el resto de las localidades que queden vacías. Transcurrido ese tiempo, serán ocupadas por las personas que estén esperando.

Este es el proceso más voluminoso de la historia judicial española: el sumarlo supera los 250.000 folios; los testigos citados son 2.500; los procesados, 40 (de los que dos se hallan huidos); intervendrán 208 peritos españoles y 42 extranjeros; podrán asistir cada día 700 personas, y la duración del juicio se calcula en unos cinco meses.