El abogado del concejal Iglesias dice que según el forense no hubo abusos sexuales

José Luis Herranz, que negó que su hijo sufriera abusos sexuales por el concejal José Luis Iglesias (PSOE), acompañó ayer a su hijo a declarar, citado con otros tres niños, ante el juez de instrucción de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Zarco Oliva. El informe del forense, según el ahogado de Iglesias, era favorable a éste, ya que "no se desprende nada que pueda demostrar la culpabilidad del acusado".

Herranz y otros padres manifestaron que a los niños cuyos familiares no habían presentado la denuncia se les estaba pegando en el pueblo y que una madre que sí presentó denuncia la había retirado. Herranz es primo del alcalde de Robledo de Chavela, José Luis Ventosinos, acusado por Iglesias de una malversación de fondos de 26 millones de pesetas.Herranz y otros padres que esperaban con sus hijos a ser llamados por el juez manifestaron que "todo esto se trataba de una maniobra política organizada por la derecha para ocultar otros asuntos que ocurrían en Robledo de Chavela". También declararon que ellos querían ser arrastrados, para poner la denuncia, por Carmen Ortiz Sánchez, madre del menor de los niños afectados y que por medio de su hijo descubrió el posible delito.

El sábado se personó en las actuaciones como acusación particular José Luis Alonso, abogado de las familias denunciantes. Ayer declaró que se había impugnado el recurso de reforma presentado por Francisca Cobos Gil, abogada de Iglesias. Alonso añadió que se estaba creando en el pueblo un ambiente difícil para llegar a la verdad del asunto, y que de las personas que habían presentado declaración "había algunas que mentían y otras que callaban por temor".

Cobos, por su parte, manifestó que el abogado de las familias, Alonso, había presentado un escrito para que se modificara la situación procesal, que, de admitirse, mantendría al acusado en la cárcel.

Iglesias manifestó que todo esto es una maniobra política porque a mediados de este mes estaba previsto un pleno en el que se iba a hacer pública una auditoría de la gestión de la corporación anterior, mientras era alcalde por UCD el ahora concejal independiente Eusebio Quijada Herrero. Iglesias cifra lo defraudado en ese período en 60 millones de pesetas.