Estocolmo en Euskadi

LA INFORMACIÓN que hoy publica EL PAÍS basada en la documentación capturada en Hendaya a la organización terrorista ETA pone de relieve uno de los aspectos más dramáticos de la situación actual del País Vasco. Esa documentación prueba que numerosos ciudadanos de Euskadi, sometidos al chantaje, han accedido a entregar cantidades de dinero que servirán, entre otras cosas, para financiar atentados terroristas dirigidos contra personas e instituciones que, por carecer de recursos económicos o de la oportunidad de usarlos, no podrán nunca comprar su seguridad.Los documentos capturados por la policía francesa en la cooperativa Sokoa, que servía de cobertura para las actividades de ETA, aportan datos precisos, con nombres, apellidos y direcciones, de personas que han negociado con los terroristas rebajas en la cantidad exigida, aplazamientos en los pagos, firma de avales y cuestiones por el estilo. En algunos casos, parte de la cantidad exigida por los terroristas como rescate de una persona secuestrada ha sido pagada después de que la policía lograra liberar al rehén. Todo ello, en cumplimiento de un compromiso contraído en el curso de la negociación, que la parte representativa de la persona amenazada consideraba entre caballeros.

Si algo demuestran los papeles de Sokoa es que el llamado síndrome de Estocolmo no sólo afecta a quien se encuentra directamente sometido a la omnipotencia de los que día y noche le apuntan con sus armas. Se ha extendido como una plaga por toda la sociedad vasca, convirtiéndola en rehén colectivo del terror y la amenaza instrumentados por ETA. En una entrevista publicada hace algunos meses, el industrial vizcaíno Juan Félix Eriz, que reconocía haber actuado comomediador en varios secuestros ofrecía la siguiente infórmación sobre la seriedad de los tratos en esta práctica mafiosa digna: que si se diera el caso de alguien que ha satisfecho parte del rescate, pero no todo, por lo que era finalmente asesinado, la cantidad adelantada sería devuelta a los familiares. En los papeles de Sokoa se deja constancia de situaciones similares.

Algunos de los extorsionados cuyos nombres son citados en la información niegan las acusaciones que de ella se derivan. Pero muchos otros las confirman. Todos aseguran haber actuado por miedo insuperable y desmienten que su contribución a las arcas de ETA pueda considerarse, en cualquiera de los diversos supuestos reflejados, como voluntaria.

Los intentos -reflejados hoy por hoy en la ley- de exigir responsabilidades penales por parte del Estado a quienes devengan ese impuesto revolucionario no son sólo improcedentes. Son moralmente vergozantes, si se tiene en cuenta que el propio Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos amenazados. Éstos son víctimas cualificadas del terrorismo, y es imposible solicitar de los ciudadanos una actitud heroica cuando se sienten bajo la amenaza de la metralleta, huérfanos de una protección y una seguridad que reclaman.

La publicación de cosas como los papeles de Sokoa sugiere toda clase de conflictos entre los responsables de los medios de comunicación y la sociedad a que sirven. Lo delicado y problemático de la cuestión no debe, empero, hacer palidecer el fondo de la misma. La sociedad española tiene derecho a informaciones solventes, y no sólo a retórica electoralista, cuando de cuestiones como ésta se trata. La información que hoy publicamos pone de relieve los métodos, literalmente mafiosos, de una organización que se pretende, sin embargo, guiada por ideales políticos.

La irritación que todavía hoy suscita en determinadas personas pertenecientes al mundo del radicalismo nacionalista que los miembros de ETA sean definidos como terroristas carece desde hace años de la menor justificación. Crear terror, extenderlo como una sutil atmósfera al conjunto de la población, hasta el punto de que sus propias víctimas los consideren unos negociantes cabales y caballerosos, es el objetivo, el único constatable ya, de esa banda armada. Los papeles requisados en Hendaya lo prueban una vez más.