La 'fronda' universitaria

AIRES DE fronda recorren la Universidad española. Tres años y medio después de ser aprobada en el Parlamento la ley de Reforma Universitaria (LRU), estudiantes y una parte del estamento docente acusan al Gobierno de invadir la autonomía universitaria y condicionar, en el mejor, estilo del despotismo ilustrado, la reforma de los planes de estudio. Concentraciones, huelgas y manifiestos paralizan, de forma irregular y desde hace semanas, los recintos universitarios, con especial incidencia en las facultades de Letras y Humanidades. Pese a que el eco de estas protestas ha sido escaso, son cada día más numerosos los centros que se incorporan al movimiento. Para hoy está previsto que comience una huelga general, cuyo objetivo no es otro que el de paralizar el proceso de reforma de los planes de estudio y establecer una nueva base de negociación de todo el proceso. La protesta, como las crecidas de los ríos tras el deshielo, arrastra intereses diversos: catedráticos que temen ver relegadas sus disciplinas, estudiantes que recelan del futuro profesional y un sinfin de rumores de dificil clasificación.El proceso, hasta ahora, ha sido el siguiente. El Gobierno consideró necesaria, para llevar a cabo la reforma de los estudios universitarios, la elaboración de unas normas . generales a las que se adaptasen los planes de estudio de cada -universidad, con el razonable objetivo de mantener cierta homogeneidad entre las distintas universidades. Para ello, el Consejo de Universidades -compuesto por todos los rectores, los consejeros de Educación de las comunidades autónomas con competencias en la universidad y 15 miembros designados, a partes iguales, por las cámaras y el Gobierno- elaboró unas directrices generales y luego constituyó 16 grupos de trabajo, formados por expertos., en su mayoría catedráticos, que debían pronunciarse sobre cuestiones tales como normas generales, títulos, duración de los estudios, materias básicas que deben formar parte necesariamente de los planes de estudio, etcétera. El resultado será un borrador que, si lo aprueba el Consejo de Universidades, se enviará a las universidades para consulta pública. Las normas así aprobadas servirán de base para los futuros planes de estudio, que cada facultad y cada universidad tendrán que elaborar.

En consecuencia, el marco de participación de los estudiantes en la reforma es, por tanto, el de cada universidad. Y es allí donde la batalla, en caso de que deba darse. tendría coherencia interna. Por otra parte, y hasta el momento, la protesta estudiantil contrasta grandemente con el absoluto silencio observado por algunos rectores, como sí la cosa no fuera con ellos. Se parece al reciente silencio, igualmente inconcebible, que observaron cuando los estudiantes de enseñanzas medias salieron' a la calle, entre otros motivos, para reclamar la supresión de la selectividad en el acceso a la Universidad. Impávidas, cuando no desdeñosas, las cabezas de nuestra universidad asistieron silenciosas a un debate público sobre quién debería acceder a la institución que ellos rigen.

Que los estudiantes no sigan en esto el ejemplo de los rectores y se movilicen porque les preocupa el estado de la Universidad es razonable e incluso necesario. Otra cosa es que pretendan ignorar todo el complejo proceso político que dio lugar a la ley de Reforma Universitaria y cuestionen desde un asambleismo más propio de épocas en las se carecían de los derechos básicos más elementales la legitimidad de una ley que ha pasado además por el Tribunal Constitucional.

La manipulación, la demagogia y la confusión encuentran últimamente terreno abonado en una sociedad en la que los reaccionarios gustan de disfrazarse de liberales y de llamar derechos adquiridos a las prebendas. Mezclar el problema de futuras titulaciones universitarias con los horarios de las enseñanzas medias -porque se suprimen horas lectivas de determinadas materias- no hace más que añadir confusión a la encubierta defensa de intereses corporativos.

Así, a falta de un debate organizado en su ámbito propio, se ha producido una zarabanda en la que cada cual, basado en tal o cual aspecto parcial de la proyectada reforma, ha tocado a rebato sobre la agresión que supuestamente se preparaba contra la propia corporación, bien porque se iban a suprimir determinados títulos o porque se crearan otros en competencia con los actuales. A lo que se ve, la enseñanza del corporativismo es una asignatura con futuro.

La baja calidad de la enseñanza, por una parte, y la angustia ante un futuro profesional incierto, por otra, explican la protesta estudiantil. Pero no es halagando paternal o demagógicamente, por el mero hecho de que sean jóvenes, a los estudiantes como podrá mejorarse la situación actual. Cuando existen cauces democráticos de participación en claustros y juntas de facultad, la glorificación nostálgica del asambleísmo, a veces con la temerosa aquiescencia de las autoridades académicas, equivale a hacer virtud de lo que fue necesidad en tiempos pasados.