"Algunos jueces confunden independencia con impunidad", afirma Martínez Zato

Juan José Martínez Zato, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechaza la actuación de algunos jueces y magistrados "que en sus resoluciones no conectan", dice, "con el sentir mayoritario de la sociedad". En declaraciones a EL PAÍS, Martínez Zato lamenta que, cuando se trata de corregir ese defecto por la vía penal, civil o disciplinaria, desde sectores judiciales conservadores se considere que, dice, "se ataca la independencia, que es tanto como confundirla con la impunidad".

El portavoz del CGPJ reconoce que hay materias, como el aborto, sobre las que la opinión pública está dividida, pero manifiesta su irritación ante la respuesta judicial a otras muchas cuestiones en torno a las que existe práctica unanimidad en la sociedad y que, sin embargo, "se interpretan de forma contraria al sentir de los ciudadanos".Juan José Martínez Zato asegura que el consejo apoya y defiende la independencia judicial y nada puede hacer para influir en la decisión de un tribunal, "pero se siente preocupado por ese alejamiento de algunas resoluciones respecto al sentir mayoritario de la sociedad".

En su opinión, la respuesta penal, civil o disciplinaria a esas desviaciones judiciales respecto a la opinión mayoritaria "no es nunca un ataque a la independencia, porque nuestra Constitución la hace compatible con la responsabilidad cuando habla de jueces independientes, inamovibles y responsables". En relación con la posición de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), contraria a la información sobre las actuaciones disciplinarias contra jueces y magistrados, Martínez Zato afirma que "los ciudadanos esperan una respuesta, y hay que dársela, aunque la mayoría de las veces sólo se informa de expedientes que ya han trascendido a la opinión pública".

Ante esta versión de la independencia defendida por el sector más conservador de la magistratura, el portavoz del consejo señala: "Será necesario impartir a algunos magistrados cursos de formación profesional acelerada, para que entiendan de una vez que independencia no es igual a impunidad y que en nombre de ella no pueden hacer lo que quieran". Y añade: "Me hubiera gustado verme acompañado de algunos de ellos hace años, durante el franquismo, cuando un grupo de magistrados y fiscales luchábamos en solitario por la independencia".

La corrupción

Respecto a la demanda mantenida por la APM contra el ex diputado socialista y vocal del actual consejo Pablo Castellano por sus declaraciones sobre la corrupción judicial, Martínez Zato manifiesta: "Con todos los respetos a la futura decisión de los tribunales, mantener después de tres años esta demanda me parece absurdo y ridículo. Es desconocer la categoría humana de Pablo Castellano, en quien la magistratura española tiene un valedor como pocos Por otra parte, lo que dijo hace unos años sobre la corrupción en la justicia lo dicen hoy todos los días los medios de comunicación social y los ciudadanos, y lo suscribo yo".En concreto, sobre la corrupción económica en las oficinas judiciales, Martínez Zato recuerda la declaración inicial del consejo, las jornadas celebradas sobre la materia y la acción institucional unánime para erradicarla, "a pesar de las reacciones de algún sindicato de funcionarios". Y agrega: "Es necesario que tomen conciencia de que las corruptelas se han terminado y que al Estado pueden reivindicársele mayores retribuciones, pero no recurrir a la corrupción. El que no se conforme que se marche. Los honrados no deben preocuparse".

Sobre el arbitrio judicial que ha permitido la fuga del ultraderechista Emilio Hellín, previo permiso penitenciario, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial insiste: "El poder de los magistrados es el poder del Estado, que se encuentra por encima de los tres poderes, aunque algunos jueces se consideren ciudadanos por encima del bien y del mal y, a diferencia del legislativo y el ejecutivo, fuera de todo control".

Martínez Zato estima que, ante determinadas interpretaciones judiciales, la solución no es reformar las leyes, sino que los jueces "piensen más en el Estado y en la sociedad a la hora de administrar el poder que tienen".