El fiscal solicita 6 años de inhabilitación para el ex director de la Modelo

El ministerio fiscal solicitó la pena de seis años de inhabilitación para Jaime Izal, director de la cárcel Modelo de Barcelona hasta el pasado viernes, 13 de marzo. Según informó el procesado durante la vista oral celebrada ayer en la Audiencia de Barcelona, ahora se encuentra en comisión de servicios en el Departamento de Justicia de la Generalitat.

Izal fue juzgado por los supuestos delitos de desobediencia a la autoridad e imposición de privaciones indebidas a los reclusos, delitos presuntamente cometidos en enero de 1986, durante una huelga de presos.Izal negó en la vista oral, celebrada en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, haber desobedecido las órdenes cursadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Modelo en enero de 1986. Izal impuso una sanción a 20 reclusos y los trasladó de sus respectivas galerías a régimen de aislamiento. Esta medida fue tomada por entender que eran los cabecillas de una huelga sostenida por la totalidad de los internos en demanda de medidas de reinserción social. Los reclusos se negaron a realizar las tareas habituales de limpieza y reparto de alimentos durante varios días.

La sanción fue recurrida ante el juzgado de la Modelo por un grupo de internos, y el juez ordenó el levantamiento del castigo al considerar que no existían suficientes pruebas. Esta orden fue cursada por telegrama y el director de la prisión no la ejecutó hasta la mañana del día siguiente, 31 de enero. Según la versión que Izal sostuvo ayer en el juicio, la orden no se cumplimentó de forma inmediata porque la prisión se vio afectada por un apagón y consideró que por ello, era peligroso hacer un traslado.

Un telegrama

Sin embargo, el hasta ahora director sostuvo otro argumento durante la instrucción de la causa. Según aquella primera versión, no cumplió lo ordenado en espera de recibir la notificación formal, por entender que un telegrama no era el conducto adecuado. No obstante, fuentes penitenciarias subrayaron que es habitual el envío de telegramas en cuestiones urgentes. Ante esta situación, Izal consultó con el Departamento de Justicia, según manifestó en la vista oral el procesado, y un funcionario de la Generalitat. En el juicio no quedó aclarado si esta consulta se formuló para saber si debía ejecutar la orden judicial o no, pese a que el presidente del tribunal interrogó sobre este extremo.Joan Piqué Vidal, defensor del procesado, aseguró que no se cometió tal desobediencia y que el traslado se realizó "cuando se pudo", a la mañana siguiente cuando las condiciones de la prisión "eran mejores".

El fiscal subrayó que la actitud de Izal fue la de no observar el mandato judicial y la de imponer rigores indebidos a los reclusos. Por esta acusación, el ministerio público solicitó tres meses de inhabilitación.