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Editorial:

El acoso a Pilar Miró

LOS TRES principales directivos del centro de Televisión Española en Barcelona han presentado su dimisión. La decisión responde al rechazo por parte del consejo de administración de RTVE a la propuesta de desconexión, durante dos horas diarias, de la segunda cadena estatal a fin de emitir, para el área de cobertura de dicho centro, espacios producidos en Sant Cugat. El hecho de que la iniciativa fuera avalada por la directora general, Pilar Miró, y de que entre los que votaron en contra figurasen todos los consejeros designados por el PSOE, con una sola excepción, pone de manifiesto una vez más la guerra, nada larvada, existente entre el consejo y la directora general. Guerra que es reflejo de la oposición de sectores del partido socialista afines al vicepresidente del Gobierno a la gestión de Pilar Miró, hasta ahora avalada personalmente por Felipe González.Pilar Miró fue designada contra la opinión explícita del anterior director general, José María Calviño. Desde su toma de posesión, Miró dejó claro que se proponía realizar una gestión no continuista, rompiendo con la filosofía de su antecesor en el cargo, más preocupado por cuadrar los balances que por una mejora de la gestión empresarial y de la calidad de la oferta del servicio público puesto en sus manos. Es decididamente temprano todavía para juzgar el resultado de la gestión de Miró. Algunas de sus iniciativas han producido incluso cierta irritación, como la de intentar forzar los hábitos domésticos de los españoles con la supresión de la tradicional sesión de cine de las noches del sábado. Otras decisiones tomadas por algunos de sus subalternos no parecen precisamente inspiradas en razones profesionales.

Pero lo verdaderamente llamativo del nuevo período es el persistente obstruccionismo y la beligerante oposición a la directora general de los miembros del consejo de administración, aupados a esta función por el propio partido del Gobierno. A su regreso de un viaje a Cuba, Miró se encontró con que el grupo socialista había designado consejeros a los ex directores que ella acababa de destituir en las tres sociedades de RTVE.

En un primer momento pudo pensarse que se trataba de una medida encaminada a la continuidad de los tres altos ex directivos de RTVE en la nómina pública. Pero el planteamiento era más ambicioso. Con este gesto, como los hechos posteriores han confirmado, poderosos segmentos del Gobierno situaban estratégicamente sus peones para controlar y desautorizar a la directora general.

Y así Martín Toval, un político que no desea nunca quedarse rezagado en cualquier carrera de despropósitos, reprochó recientemente como portavoz socialista, en el curso de una comparecencia de Miró en el Congreso, el tono catastrofista de las informaciones de TVE sobre las movilizaciones estudiantiles y otros conflictos sociales. El rechazo de la iniciativa de desconexión del segundo canal en Cataluña, que sólo ampliaba una práctica que ya se viene realizando, completa por el momento este abanico.

El centro de TVE en Barcelona es el más antiguo e importante con que cuenta la televisión pública fuera de Madrid. Sant Cugat está en disposición de ofrecer una cobertura especializada pensada en el interés de los telespectadores de Cataluña, con lo que podría mejorar sensiblemente su oferta. Por otra parte, en el terreno lingüístico la desconexión ejemplificaría por fin que un servicio público, aunque sea estatal, debe tener en cuenta las características de los ciudadanos a los que va dirigido, y acabaría con la lamentable simplificación de que la utilización y difusión del catalán se considere una materia que únicamente compete al Gobierno autónomo.

El principal argumento esgrimido por la mayoría del consejo es que con la modificación propuesta se abriría paso en la práctica a la regionalización de las cadenas nacionales, "desvirtuando el carácter estatal que les otorga el estatuto de Radiotelevisión". Razonamiento grotesco que maliciosamente podría ser utilizado en todo caso para sustentar la tesis de que el estatuto entorpece la adaptación de ese servicio público a la demanda efectiva de los ciudadanos y a la realidad política y cultural de la España autonómica.

De cualquier manera este episodio no hace sino confirmar el ensimismamiento del Gobierno de turno para juguetear, controlar y dirimir sus diferencias con el instrumento de la televisión pública, no sólo en confrontación con otros grupos políticos sino también en su interno reparto de cuotas de poder. Los esfuerzos de Pilar Miró por mejorar la televisión pública y ofrecer a los espectadores una programación más solvente tropiezan, como en tantas otras ocasiones, con el muro de intereses tejido por quienes se han apropiado de la televisión como instrumento para ejercer su poder y desprecian el elemental derecho de los ciudadanos a poder distraerse e informarse con este medio de comunicación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de marzo de 1987