Israel, "enfermo" de Jonathan Pollard

Israel está enfermo de ... Jonathan Pollard. Desde hace dos años, cuando estalló este escándalo de espionaje en Estados Unidos, protagonizado por un judío norteamericano que actuaba por cuenta de Israel, los dirigentes israelíes han hecho lo posible para ignorar este molesto embrollo, para olvidarlo, para transformarlo en un simple malentendido; en resumidas cuentas, para conjurarlo por medio de fórmulas mágicas. Ha sido inútil.

Jonathan Jay Pollard, de 32 años, un analista de la inteligencia naval norteamericana, fue condenado la semana pasada a cadena perpetua en Estados Unidos por haber espiado por encargo de los israelíes. Su mujer, Ana, cumplirá cinco años de cárcel por complicidad. El episodio ha actuado como una carga de dinamita en las especialísimas relaciones entre Washington y Tel Aviv.En Israel, donde la crisis se vive con especial crispación, un juez le ha puesto las cosas más difíciles al gobierno de Isaac Shamir. Al negarse a formar parte de la comisión de verificación nombrada por el Gobierno para examinar el caso Pollard, el juez Moshe Landau ha colocado al ejecutivo entre la espada y la pared: o bien tragarse la ofensa y buscar nuevas artimañas para esquivar la crisis de credibilidad que padecen los dirigentes de Israel, o bien aceptar las exigencias de numerosos diputados, algunos ministros y la Prensa en su unanimidad, y nombrar una comisión jurídica de Estado, que disponga de todas las prerrogativas legales para investigar a fondo y esclarecer este tenebroso asunto.

El Gobierno ha preferido dar un rodeo. Temiendo que la encuesta llevada a cabo por una comisión jurídica de Estado, cuyos poderes son comparables a los de un tribunal y cuyas conclusiones son de cumplimiento obligatorio, pudiera ser abrumadora para algunos dirigentes de Israel, ha encontrado una escapatoria. Shamir no se ha atrevido a sondear a otro juez y ha nombrado para el puesto del juez del Tribunal Supremo Moshe Landau a un conocido abogado, el doctor Yehoshoua Rottenstreich.

Entre las fórmulas con que los dirigentes israelíes intentan conjurar la crisis figura esta frase del primer ministro, Shamir: "Se trataba de una operación no autorizada; por consiguiente, el Estado de Israel no contrató a Pollard; por consiguiente, no trabajaba para Israel; por consiguiente, no hay lugar para una encuesta".

¿Quién ordenó?

Reacción del diputado Yosi Sarid: "Estas asombrosas afirmaciones de Shamir, ¿son superrealistas, delirantes, reflejan una negativa patológica a mirar de frente la realidad o simplemente son un nuevo y último esfuerzo para engañar aún más y más a la opinión israelí y a las autoridades norteamericanas?".¿Quién dio la orden de contratar a Jonathan Pollard?, pregunta un periodista de la televisión israelí al vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Simón Peres. Tras un largo silencio embarazoso, Peres contesta: "Es demasiado pronto para verificar esto". Esta conversación se celebraba hace pocos días.

El Gabinete israelí, atrapado entre el fuego cruzado de las protestas indignadas de Estados Unidos y las críticas cada vez más duras de la Prensa nacional, ha acabado por ceder, aparentemente por lo menos. Tras una larga discusión, el Gobierno ha aprobado la encuesta ya empezada por la subcomisión para los servicios secretos de la Kneset, bajo la presidencia de Abba Eban.

Segunda decisión, el nombramiento de una comisión de verificación compuesta por dos miembros: el antiguo jefe del Estado Mayor, general Zvi Tzur, y un antiguo juez del Tribunal Supremo, Moshe Landau. Cualquier comparación con la Comisión de Encuesta del Congreso norteamericano o con la comisión Towers, nombrada por el presidente Reagan, sería engañosa y abusiva.

Ninguna de las comisiones de encuesta israelíes tiene el poder de obligar a los testigos a comparecer ante ellas o de exigir la verdad "y nada más que la verdad" a personas interrogadas bajo amenaza de graves penas de prisión.

Fue Simón Peres quien insistió ante el Gabinete para que no se pospusiera la reunión antes de haber aprobado estas dos comisiones de verificación, con el fin de "restaurar la credibilidad del Gobierno ante los ojos del pueblo israelí y de los judíos norteamericanos". No se había aún secado la tinta de las decisiones tomadas por el Gobierno, cuando el juez Moshe Landau anunciaba su negativa a formar parte de la comisión de verificación nombrada por el Gabinete.

Según uno de sus ayudantes, "el juez Landau no quiere participar en un simulacro de encuesta que sólo puede conducir a un simulacro de justicia".

Se dice que la historia no se repite más que en forma de farsa. En Israel se repite en forma de tragedia. En septiembre de 1982, después de la matanza de Sabra y Chatila, el Gobierno Beguin-Sharon-Shamir intentó eludir sus responsabilidades y prefirió nombrar, al igual que ahora el triunvirato Shamir-Peres-Rabin, una comisión de verificación presidida por un juez del Tribunal Supremo: Itzhak Kahane.

El juez Kahane se negó inmediatamente, alegando los mismos motivos que el juez Landau en la actualidad. Cogido a contrapié e incluso trastornado por esta negativa, Menájem Beguin decidió entonces nombrar la comisión jurídica de Estado exigida por la Prensa, por la oposición laborista y por 350.000 manifestantes.

Esta comisión, presidida por el mismo juez del Tribunal Supremo, Itzhak Kahane, provocó la dimisión forzosa de Sharon, en aquel entonces ministro de Defensa, y el retiro voluntario de Menájem Beguin.

Shamir y Peres

El primer ministro Shamir no ha tenido el mismo coraje. Por varias razones. Para empezar, Shamir no es Beguin; además, Menájem Beguin no estaba implicado personalmente en el drama de Sabra y Chatila, mientras que Shamir era el jefe del Gobierno cuando la operación Pollard fue lanzada en 1983.Finalmente, los laboristas ya no están en la oposición, y su líder, Simón Peres, está también implicado. En efecto, Peres era primer ministro en 1985, cuando las carpetas conteniendo importantes informaciones transmitidas por Pollard se acumulaban en un despacho ministerial de Jerusalén. ¿El suyo, el de Rabin o el de Shamir? Esto es algo que sólo una comisión jurídica de Estado podrá establecer, y es precisamente esto lo que el triunvirato Shamir-Peres-Rabin, aparentemente metido hasta el cuello en el escándalo, quiere evitar.

La sonora bofetada administrada por el juez Moshe Landau a los dirigentes israelíes, que creían poder escaparse con una pirueta, explica mejor que mil artículos el terrible dilema del Gobierno y la crisis moral y política en la que sus principales responsables se hallan atascados.