La justicia española aún no ha recibido la documentación incautada en Sokoa
La justicia española aún no ha recibido la documentación incautada el pasado mes de noviembre a ETA Militar en la fábrica Sokoa de Behobia (Francia). Por el contrario, el Ejecutivo que preside Felipe González goza de esta información desde "escasos días" después de la caída de Sokoa, según fuentes de Interior. Por otro lado, las ayudas económicas de ETA a algunos de sus miembros han sido reducidas a más de la mitad debido a las dificultades con que cuenta la organización para el cobro del impuesto revolucionario, según las mismas fuentes.
El Gobierno español instó en el año 1983 a su homólogo francés para que se investigara una serie empresas situadas en el País Vasco francés que podrían estar actuando como cobertura financiera para la organización etarra, entre ellas la fábrica de Sokoa. Fue el anterior director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, convencido de que una de las formas más eficaces de reducir a ETA era desarticular su aparato financiero, quien apostó por la pista Sokoa.El 5 de noviembre pasado, la policía francesa detuvo a 11 personas que trabajaban en Sokoa e incautó una importante documentación financiera de ETA, así como armamento de la organización terrorista. La información de esta documentación intervenida fue enviada inmediatamente al Gobierno español, como una prueba más de la colaboración hispano-francesa.
"Esta información permitió desarrollar una labor preventiva de cara a algunas potenciales acciones terroristas", dijeron fuentes de Interior, aunque matizaron que la información de Sokoa es fundamentalmente financiera, sobre todo nombres de empresarios que pagaban el impuesto revolucionario. La policía española pudo confirmar, gracias a estos datos, los medios del comando España de ETA, antes de su desarticulación, y la composición de liberados del mismo.
El Gobierno, tras recibir la documentación de Sokoa, instó a Melitino García Carrero, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, a que iniciara una investigación sobre los hechos descubiertos. El Ejecutivo está decidido a actuar con dureza contra los 90 empresarios que pagaban mediante la extorsión el impuesto revolucionario, y especialmente otros seis empresarios que lo hacían voluntariamente. Además, la información de Sokoa ha demostrado que ETA financiaba a diversas organizaciones de Herri Batasuna (ver El PAÍS del 14 de marzo).
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Rybeyroles, de Bayona, quien lleva las actuaciones de Sokoa, que enviara a la justicia española copia legal de la documentación intervenida en la empresa para iniciar las actuaciones legales. Sin embargo, estas copias legales no han sido recibidas en la Audiencia.
Apuros económicos
Por otra parte, los servicios de información españoles han detectado que las finanzas de ETA acusan en los últimos meses una fuerte baja, según informaron fuentes de Interior.Estas fuentes añadieron que esto es debido a la presión francesa, a las mayores dificultades del cobro del impuesto revolucionario y a la escasez de secuestros, con la excepción del último realizado: el del industrial Jaime Caballero.La policía española ha podido establecer que las ayudas de la organización a cerca de la cincuentena de miembros de ETA que se encuentran en Francia dedicados a labores de infraestructura, (intendencia, protección, etcétera) han disminuido considerablemente, según estas fuentes. Antes de la caída de Sokoa estos activistas recibían un mínimo mensual de 1.200 francos (unas 25.000 pesetas). Actualmente, este dinero se ha reducido a 500 francos (unas 11.000 pesetas).
Estas fuentes pusieron como ejemplo de las actuales penurias de los miembros de la organización terrorista el que uno de los primeros 20 expuIsados por Francia a España fue detenido robando en un supermercado del país vecino.
