Carrillistas piden que se anule el alquiler del teatro de Aranjuez a un falangista

El Grupo Comunista de la Asamblea de Madrid, del sector de Carrillo, ha dirigido varias preguntas al Gobierno autónomo para conocer qué gestiones ha realizado en aplicación de la ley del Patrimonio Nacional con respecto a los bienes que este organismo tiene en Aranjuez, entre otros, el único teatro existente en esta localidad, que está arrendado -dicen- aun concejal falangista.Este grupo político recuerda que la ley que reguló los bienes del patrimonio nacional en 1982 limitó la competencia y propiedad de este oranismo al Palacio Real y la Casita del Labrador y sus jardines, al convento de san Pascual y a los bienes depositados en estos edificios de Aranjuez.

La ley concedía un plazo de seis meses al Gobierno para que el resto de los bienes no incluidos en esa relación pasaran a ser de uso público gestionados por la administración autónoma o municipal. Esta disposición no ha sido cumplida, según los comunistas, ni por el Gobierno ni por el Ejecutivo autónomo.

El Grupo Comunista se interesa por la situación de diferentes propiedades del patrimonio nacional en Aranjuez, con un conjunto de 78 viviendas que se encuentran deshabitadas desde hace un año, dos fincas agrícolas de regadío de varios cientos de hectáreas, una piscifactoría, la Real Sociedad Hípica Recreativa, un camping de primera categoría y el Teatro de Aranjuez.

En lo que respecta al gran teatro de Aranjuez, declarado monumento histórico artístico y similar al Real Coliseo de Carlos III de El Escorial, el Patrimonio Nacional lo tiene arrendado a un particular, Jaquín Infiesta, único concejal de Falange Española en la corporación municipal de Aranjuez.

Según Carlos Ruiz de Toledo, portavoz de los carrillistas en el Ayuntamiento de Aranjuez, se produce una contradicción en la explotación del teatro, pues su arrendatario paga un alquiler mensual al patrimonio nacional de 29.000 pesetas, mientras cobra por algunas actuaciones, como las programadas en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, hasta 300.000 pesetas.