La comisión investigadora del nepotismo municipal en Gandía no pudo dictaminar

La última reunión mantenida por los nueve concejales integrantes de la comisión especial que investígaba las denuncias efectuadas por Ignacio Malonda, concejal de Unión Valenciana (UV) referidas a la existencia de nepotismo en las contrataciones municipales del Ayuntamiento de Gandía, de alcalde socialista, finalizó sin dictamen en la madrugada de ayer, tras siete horas de debates.La reunión acabó sin acuerdo a la hora de elaborar el dictamen ya que la propuesta presentada por Cebriá Molinero, concejal de Unitat del Poble Valencià (UPV), fue desestimada al votar en contra los cuatro representantes socialistas y abstenerse el concejal Ángel Morales, de Unidad Comunista. Ello evitó que los cinco miembros de grupos de oposición adoptasen una postura conjunta, lo que hubiese permitido un dictamen contra la opinión de los cuatro socialistas.

Según lo registrado en las actas de la comisión (véase EL PAÍS del pasado día 2), 25 de los 30 contratos denunciados corresponden a familiares de concejales socialistas o militantes del PSOE. Al no producirse acuerdo de dictamen, el asunto no pasará al pleno del Ayuntamiento y cada grupo político ha formulado su correspondiente valoración. En este sentido, tanto AP como UV, UPV, la Agrupación Independiente y Unidad Comunista reconocieron la existencia de irregularidades y nepotismo en las contrataciones.

Ignacio Malonda, el concejal denunciante, afirmaba: "Todos los grupos políticos se han manifestado y respaldan mis denuncias". Rafael Ripoll, portavoz de AP, señalaba: "No hay dictamen porque el PSOE no quiere. Nosotros estamos de acuerdo y hemos apoyado el dictamen presentado por UPV".

La propuesta de dictamen, respaldada por cuatro grupos de la oposición, reconoce 13 contrataciones irregulares, tres de ellas con la existencia de nepotismo por parte del alcalde", y solicita "regularizar los contratos, al llegar a su vencimiento, cubriendo dichos puestos de trabajo según lo establecido por la ley de la Función Pública".

Cebrià Molinero, el concejal de UPV autor del dictamen presentado, declaraba: "Las irregularidades por favoritismo y nepotismo están reconocidas por todos y no hay dictamen por un problema técnico-procedimental". En el mismo sentido se manifestaba el carrillista Ángel Morales al afirmar: "Ello quiere decir que en las denuncias que hizo Ignacio Malonda tenía muchísima razón y era un tema conocido por todos los grupos".

Francisco Martí, portavoz del grupo independiente, declaró estar de acuerdo en el 85% con el dictamen presentado por Molinero y dijo que "no se ha llegado a un consenso por falta de voluntad de los socialistas".

Josefa Frau, portavoz del Grupo Socialista y presidenta de la comisión, culpaba de que no haya dictamen a que "hay seis posturas diferentes y por ello no existe la posibilidad de acuerdo ni de unanimidad", y señalaba que el procedimiento a seguir ahora por la oposición debía ser en coherencia, "poner una moción de censura o acudir a de nunciar los casos al juzgado" Salvador Moragues, alcalde socialista de Gandía, manifestó que las posturas de cada grupo eran muy distantes, y lo que queda claro es que el PSOE no ha cometido ilegalidad alguna".