Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Las víctimas del cambio sanitario

QUE UN grupo de enfermos del hospital Primero de Octubre, de Madrid, denuncien que llevan varios días sin poder asearse por falta de jabón, colonia, toallas y pijamas, puede ser una anécdota patética, fácil de solventar. Pero ya no lo es tanto el conflicto que enfrenta actualmente a los médicos internos residentes (MIR) con el Ministerio de Sanidad sobre los criterios de adjudicación de las plazas convocadas en los hospitales públicos para el tiempo de especialización. Como tampoco tiene que ver con la anécdota, y sí con la tragedia, el bochornoso espéctaculo de los 107.000 pacientes que nutren las listas de espera ante los grandes hospitales y la actual huelga salvaje de las plantillas médicas de algunos grandes hospitales de Madrid, que está causando graves daños a numerosos pacientes.La sucesión de hechos que denotan el mal funcionamiento de la sanidad pública pone en cuestión el desarrollo del modelo sanitario que diseña la ley general de Sanidad, de 25 de abril de 1986. Bien estuvo que se atendiera a una estructura sanitaria apoyada en el vetusto diseño configurado por la ley de bases de la Sanidad Nacional de 1944. Pero los problemas surgen ahora, cuando las reformas trazadas no cuentan con los necesarios efectivos de personal y presupuesto o cuando tropiezan con una planificación inadecuada a la distribución de la población. El resultado es el que ahora se advierte en la situación sanitaria, con su símbolo dramático en los pasillos de los hospitales.

La paradójica posición oficial es que la puesta en funcionamiento del nuevo modelo sanitario no exige nuevas partidas presupuestarias, sino que basta con la racionalización de los gastos. Sin duda que es necesario controlar todo gasto superfluo, pero esa cicatería presupuestaria evidente en la acción del Gobierno lo que esconde es la incapacidad para situar entre sus prioridades políticas la mejora del mapa sanitario de este país.

Los recursos del sistema actual han venido disminuyendo, en los últimos años, en pesetas constantes. El gasto sanitario en España representa el 5% del producto interior bruto, mientras que la media en el resto de los países comunitarios es del 8%. La cobertura de la Seguridad Social se ha ampliado a unos cuatro millones de personas más, y ello ha producido, entre otros efectos, una disminución en las inversiones tecnológicas, necesarias para renovar un instrumental de diágnóstico y terapéutico obviamente obsoleto.

Ni siquiera la racionalización económica que se pretende y el nuevo modelo de gestión que se está implantando tienen en cuenta todos los aspectos de una sanidad integral. Así se olvidan, se desconocen o se mantienen en un plano secundario datos cualitativos tan importantes como el diagnóstico acertado o erróneo, las exploraciones innecesarias o la hospitalización inadecuada. Los mecanismos de control de la calidad asistencial no son en estos momentos precisamente una práctica habitual en el universo hospitalario español. A ello hay que añadir la falta de cauces de participación y diálogo entre el personal sanitario y la nueva figura de los gerentes que dirigen con plenos poderes los centros hospitalarios. Esa falta de entendimiento es una de las causas fundamentales de los conflictos presentes hoy en este sector sanitario, cuya gestión se ha querido profesionalizar a espaldas de los colectivos profesionales de la propia sanidad pública.

En todo caso, los principios de la reforma sanitaria deberían basarse en una visión globalizadora del sector y en el trabajo multidisciplinario de los distintos departamentos ministeriales implicados, atendiendo en primer lugar a las necesidades reales de la población, sin descuidar además aquellos intereses que aparezcan como legítimos entre los colectivos que prestan el servicio sanitario.

Sin un calendario político que sustente la refoma y que marque los plazos necesarios para llevarla adelante no se haría más que ahondar en los errores de coordinación que hasta ahora impiden cumplir mínimamente los objetivos enunciados por los propios gestores de la reforma del sistema de salud en España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de marzo de 1987