Los ayuntamientos aseguran que Hacienda debe devolver los recargos de la contribución

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera que debe ser el Estado, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, el que cargue con la devolución de los excesos sobre el 20% fijados para la contribución territorial urbana por muchos ayuntamientos. Fue el Gobierno el que envió la ley al Parlamento y el que consiguió su aprobación; los ayuntamientos se han limitado a aplicarla, dijo ayer Tomás Rodríguez Bolaños, presidente de la FEMP, y, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad política, jurídica o económica.

Rodríguez Bolaños, en conferencia de prensa, insistió en esta idea central, repitiendo que los ayuntamientos han sido meros ejecutores de una facultad establecida por una ley, votada por el Parlamento soberano y que ahora, en uno de sus artículos, se declara inconstitucional. La discrecionalidad que establecía la ley de medidas urgentes de las haciendas locales a la hora de fijar los topes para la contribución territorial ha quedado expulsada del ordenamiento legal tras la sentencia del Tribunal Constitucional.El segundo punto fundamental para la FEMP, que ayer celebró una reunión de sus órganos directivos, consiste en instar oficialmente al Gobierno para que, con la máxima urgencia, arbitre las medidas necesarias para resolver la situación creada tras la sentencia de forma que no se perjudique a los contribuyentes.

Rodríguez Bolaños dijo que la postura de la FEMP sería secundada por la inmensa mayoría de los 8.000 municipios que agrupa, e interpretó la afirmación del alcalde de Madrid, Juan Barranco, de empezar a devolver los excesos cobrados como un simple deseo de colaborar con el Gobierno en la solución del problema.

Como tercera cuestión abordada por la FEMP en su reunión de ayer destaca la exigencia de que se resuelva definitivamente el saneamiento de las haciendas locales. Rodríguez Bolaños admitió que la ley había fracasado en su objetivo, y mucho más tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Como tema paralelo -aunque el propio presidente de la FEMP reconoció que era marginal por su escasa cuantía-, Rodríguez Bolaños planteó también la ilegalidad en que se encuentran los ayuntamientos que han situado los porcentajes de recaudación urbana por debajo del 20%, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional niega que pueda fijarse otra distinta que el 20%, al declarar inconstitucional la facultad de que las corporaciones locales fijen los topes recaudatorios sin una banda previamente fijada por la ley.

El presidente de la FEMP insistió en que en este momento es casi imposible fijar la cantidad que habrá de devolverse a los contribuyentes, aunque insistió en que la cifra de 35.000 millones barajada por el Gobierno le parece escasa, y cree, de acuerdo con estimaciones aproximadas, que se acercará más a los 60.000 millones.

Devolución con intereses

En cuanto a la postura final que adopte el Ministerio de Economía y Hacienda, dijo que no quería pronunciarse, aunque insistió en que debe arbitrar una solución urgente. Tampoco quiso opinar sobre la posibilidad de que las cantidades se devuelvan incrementadas con el interés legal que hayan devengado, aunque sí admitió que la devolución de los recargos por el impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal (IRPF), declarados ilegales, se hizo mal y tarde.Rodríguez Bolaños dijo en otro momento que el incremento de los porcentajes en la contribución urbana no significa necesariamente que los ayuntamientos que los han aplicado hayan recaudado más dinero, y puso como ejemplo al de Valladolid, del que es alcalde, donde, según afirmó, el incremento se absorbió con la supresión de varias tasas.

Representantes de la FEMP se reunirán con las autoridades de Economía y Hacienda el próximo día 3. Fuentes del ministerio declararon ayer que están estudiando la solución al problema planteado por la sentencia del Tribunal Constitucional, y aunque no se pronunciaron sobre el fondo, sí aseguraron que estudian la posibilidad de que las devoluciones se hagan de oficio o previa petición de los interesados.