150.000 pesetas de multa para una abuela que se resistió un desalojo

Rosario López García de 53 años, la abuela analfabeta que con el desalojo de la vivienda de sus metros lanzó insultos contra el Rey, la policía, ha sido condenada por la Audiencia Nacional a varias multas que totalizan 152.000 pesetas. Si no abona las multas, como es probable, ya que está declarada insolvente, el tribunal ha fiado el cumplimiento de dos meses y 10 días de arresto sustitutorio. El juez ha rebajado la pena atendiendo a la "nula cultura de la procesada y el entorno social ínfimo en el que transcurre su vida".El tribunal ha condenado a Rosarío López como autora de sendos de sendos delitos de injurias al jefe del Estado y desacato y atentado contra la autoridad, pero con la atenuante de trastorno mental transitorio incompleto.

La sentencia señala que el 26 de Junio de 1984 se realizó el desalojo ordenado por el gobernador de Madrid en el habitáculo ocupado por Emiliana Benito y sus dos hijos de corta edad, nuera y nietos, respectivamente, de Rosario López, en la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Villaverde Alto. Rosario, que se encontraba en tratamiento médico por desarreglos de tipo psíquico, comprobé que la techumbre de la vivienda estaba siendo desmantelada y uno de sus nietos, de ocho meses, continuaba en el interior. La mujer pidió a la policía que suspendieran el desalojo hasta que sacara de la vivienda al niño y los enseres familiares. Al ser denegada la petición, Rosario, de forma descompuesta, dirigió insultos contra el Rey y el gobernador y calificó de "asesinos" a la policía. Los policías detuvieron a la mujer, que en el forcejeo resultó levemente lesionada, al igual que tres de los agentes.

El tribunal estima que las injurias al Rey deben ser consideradas como leves, rebajando en un grado la pena, debido a que Ia nula cultura de la procesada y el entorno social infimo en el que transcurre su vida (la UVA de Villaverde es una de las zonas más pobres de Madrid) no le permiten entender que la expresión pronunciada sea grave, ni eficaz para menospreciar el buen nombre de nuestro soberano".

La sentencia considera que los insultos al gobernador y a la policía constituyen delito de desacato, mientras que el forcejeo con los agentes se estima como una resistencia grave.