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Editorial:

El negocio de las armas

LA VENTA de armas españolas a países en conflicto, como Irán e Irak, a través de otros países que han actuado como intermediarios (véase EL PAÍS de ayer) plantea toda clase de interrogantes sobre el comportamiento del Gobierno en este terreno. En respuesta a las preguntas del diputado del CDS y ex ministro de Defensa con UCD Agustín Rodríguez Sahagún, el Ejecutivo ha negado haber autorizado tales ventas, pero altos cargos del Ministerio de Defensa han reconocido, que hasta el mes de mayo de 1986 -poco después de los bombardeos norte americanos de Trípoli y Bengasi y la adopción de sanciones por la CE contra Libia- fueron autorizadas exportaciones de armas a dicho país norteafricano por importe de 280 millones de dólares (unos 36.000 millones de pesetas) y cuyo destino final era Irán.España está en condiciones de fabricar armamento moderno, incluyendo componentes de las armas más sofisticadas. Si se quiere limitar la dependencia exterior en materia de aprovisionamiento armamentístico, nuestro país no tiene otro remedio que utilizar su capacidad tecnológica en ese terreno: A su vez, para que una industria militar nacional resulte viable desde el punto de vista económico, es necesario exportar una parte importante de la producción. La creciente competencia internacional, en particular de países con mano de obra más barata, como Brasil o Corea del Sur, fuerza a buscar compradores en todo el mundo, aprovechando los huecos producidos en el mercado. Esos huecos se producen de manera preferente en las zonas en que existe un conflicto bélico, real o potencial. Exportar armas significa también contribuir a la guerra. En este terreno es ineludible la confrontación con la conciencia ética de los ciudadanos, y también con las proclamas oficiales.

A comienzos de la década, el grado de dependencia de España en renovación de armamento se cifraba en torno al 70%. Actualmente se estima inferior al 40%, y, según planes expuestos por el Ministerio de Defensa, el Gobierno aspira a reducir ese porcentaje al 10% a fines de los ochenta. Las inversiones en investigación y desarrollo se han incrementado este año en un 50%, estimándose en más de 15.000 millones de pesetas la cantidad que se gastará en este capítulo a lo largo de 1987. Tal cifra queda todavía muy lejos de las empleadas en países como Francia o el Reino Unido, que destinan más del 10% de sus presupuestos de defensa a programas de investigación y planes de desarrollo tecnológico militar (en España alcanzan apenas el 2%). Con todo, España ha pasado del puesto 122 al 82 en la clasificación de países exportadores de armas.

Nuestro país suministra armas a más de medio centenar de naciones, casi todas del norte de África y área de Oriente Próximo (45%) y América Latina (50%), siendo los principales clientes Marruecos, Panamá, México y Jordania. Existen pruebas, sin embargo, de que gran parte del material supuestamente vendido a este último país ha tenido como destino final Irak, del mismo modo que Libia -como Siria- hizo de intermediaria en relación a Irán. El Gobierno español ha establecido la prohibición de la venta de armas a Irán, Irak, Libia, Suráfrica, Siria, Taiwan, Chile, Paraguay, Vietnam, Albania, Mongolia, Corea del Norte y todos los Estados del Pacto de Varsovia. Una junta interministerial con representantes de Asuntos Exteriores, Defensa e Industria regula la expedición de las autorizaciones correspondientes. Pero en ocasiones han trascendido divergencias entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y los otros dos. Como se muestra ahora y se demostró en el caso de Chile, las prohibiciones no se respetan. No las respetan las propias empresas públicas dependientes del Gobierno y los fabricantes de armamento.

"La búsqueda de la paz, el desarme y la distensión" y "la defensa de los derechos humanos" constituían los dos ejes inspiradores de la política exterior propugnada por los socialistas en 1982. La guerra de Irán e Irak se ha cobrado ya varios cientos miles de muertos. El argumento de la necesidad de conquistar una mayor independencia en materia de armamento se completa con el de que lo que no venda España será vendido por otros países. Ambos argumentos tienen peso, y sería ingenuo ignorarlo. Pero ello no significa que no quede otra salida que resignarse.

Varios partidos de la oposición solicitaron ayer formalmente la constitución de una comisión de investigación sobre la venta de armas por España. Un debate abierto sobre la cuestión es imprescindible si se quiere acabar con el deliberado oscurantismo que la rodea. No se aduzcan motivos de seguridad nacional. No basta criticar la actitud del Gobierno norteamericano. También hay aquí un pequeño -¿o grande?- Irangate. El Gobierno tiene la obligación de hablar y los ciudadanos el derecho de saber.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de febrero de 1987