El Gobierno socialista aprobó ventas de armas a Irán, a través de Libia, por valor de 2000 millones de dólares
El Gobierno socialista autorizó la venta de armas a Irán por valor de 280 millones de dólares. El sistema empleado fue la actuación de Libia como país intermediario, según altos cargos de varias empresas beneficiarias. Las firmas participantes son Gamesa, Santa Bárbara, Explosivos Río Tinto, Esperanza y Cía. y Explosivos Alaveses. Los suministros fueron, sobre todo, de proyectiles para cañones de 105 y 155 milímetros y granadas para mortero de 81 y 120 milímetros. Ayer mismo, el Gobierno, en respuesta a preguntas parlamentarias, aseguró que tiene "garantías documentales" de que no han llegado armas españolas a Irán.
El contrate inicial con Irán, por valor de 100 millones de dólares, se firmó en septiembre de 1983, después de haber sido debatido el caso en dos consejos de ministros, según aseguran las fuentes informantes. Los precedentes del compromiso con Teherán tuvieron componentes novelescos. J. L. A., un alto cargo de Grupo Auxiliar Metalúrgico, SA (Gamesa), firma establecida en 1975 en Vitoria (Álava), consiguió un enlace en Teherán y viajó a la capital iraní en el verano de 1983 para negociar un posible acuerdo. Cuando llegó a Teherán, su enlace había sido depurado. Lejos de desanimarse, como cuentan sus amigos, se quedó en Teherán durante mes y medio hasta que consiguió un nuevo enlace.El directivo de Gamesa presentó sus catálogos al nuevo enlace, y éste le encargó el pedido de los 100 millones de dólares para la adquisición de productos fabricados por Gamesa y por Esperanza y Cía, Santa Bárbara, Expal y otras. Gamesa tenía capacidad para fabricar los vasos de los proyectiles encargados, pero no disponía ni de la pólvora ni de la tecnología para el llenado de las bombas con explosivo, productos fumígenos o cualquier otro componente.
EE UU intenta la ruptura
Por eso los dirigentes de Gamesa recorrieron varios países, en su mayoría europeos -como Austria, Holanda o Portugal-, para efectuar el relleno, ya que algunas compañías españolas, como ERT, que podían realizar la operación, se oponían frontalmente a que Garnesa efectuase una operación comercial tan lucrativa. En algunes países europeos, miembros (le los servicios de información de EE UU llegaron a intervenir para frustrar la operación, extrenio que, una vez conocido en noviembre de 1986 el Irangate -el escándalo del suministro de armas de EE UU a Teherán-, ha provocado airados comentarios entre las empresas españoles de armas.
Sin embargo, y con la ayuda prestada desde organismos oficiales -como la propia Dirección General de Armamento o la Empresa Nacional Santa Bárbara-, la operación propiciada por Gamesa llegó a realizarse. El primer pedide) de 100 millones de dólares supuso un fuerte incremento de trabajo, que tuvo su continuidad en otros al proseguir la guerra.
El Gobierno español había decretado la prohibición de exportar productos bélicos a Irán e Irak desde que en septiembre de 1980 comenzó la guerra entre ambos países. En respuesta difundida ayer a 12 preguntas formuladas por el diputado del CDS Agustín Rodríguez Sahagún, el Gebierno niega que se hayan autorizado ventas a Irán y que el territorio español haya sido utlizado por otros países para trasladar armas a Teherán.
No obstante, tanto los Gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD) como los posteriores del PSOE han permitido cumplir contratos anteriores a la guerra yhan autorizado la firma de otros nuevos a través de naciones intermediarias, como Libla y Siria, en el caso de Irán, y Jordania en el caso de Irak. Autoridades de estos países intermediarios se prestan, a cambio de un porcentaje del valor de la operación, a firmar falsos certificados de último destino para las armas. Las comisiones pagadas en estas operaciones alcanzan el 25% del valor del material, según explican en la Asociación de Fabricantes de Armas de España (Afarmade).
En sus instalaciones, Gamesa puede fabricar diariamente entre 1.000 y 1.200 disparos de cañón. A lo largo de varios meses en los últimos años prácticamente toda la producción ha tenido como destino Irán. En estos años, los contratos conseguidos han alcanzado los 280 millones de dólares, según estimaciones de los propios beneficiarios. El director comercial de Gamesa, Rafael Eraso, viajó periódicamente a Teherán para hacer el seguimiento de los contratos y encauzar los nuevos pedidos.
Municiones de todo tipo -rompedoras, fumígenas o incendiarias- para cañones de 105 y 155 milímetros y granadas de mortero de 81 y 120 milímetros han sido los productos españoles más vendidos. Alguna empresa española, como ERT, consiguió contratos propios y fabricó en 1984 centenares de cargas de propulsión para cañones de 155 milímetros. Algunas de estas operaciones se hicieron en colaboración con Portugal.
En abril de 1986, el ataque de EE UU a Libia y las posteriores sanciones adoptadas contra Gaddafi por la Comunidad Europea originaron que numerosos países, como España, se comprometieran a no vender armas a Trípoli. Las operaciones triangulares de venta de armas a Irán a través de Libia se paralizaron drásticamente. A mediados de enero pasado, un alto directivo de Gamesa afirmaba que el 28 de mayo de 1986 salió, vía Libia, el último pedido de armas españolas para Irán.
Las empresas afectadas, según varios de sus dirigentes, están atravesando fuertes crisis porque en los últimos meses no han logrado exportar prácticamente nada. Alguna de ellas, como Esperanza y Cía, estima que ha perdido cerca de 500 millones de pesetas en el último ano, según asegura su gerente.
Los afectados insisten en dos puntos frente a la prohibición del Gobierno: que la industria de defensa no puede subsistir sin exportar y que las ventas paradas en España las realizan otros países occidentales.
Faltan 18 millones
Por encima de estas dos cuestiones, los consultados recuerdan que, según los sucesivos contratos firmados con Irán y aválados por bancos privados españoles que no han querido revelar, todavía falta por suministrar a Irán material bélico por valor de 18 millones de dólares. Un tercio de ellos corresponde a Gamesa.
"Si no se cumplen los contratos, los iraníes acabarán tirando de la manta y difundiendo toda la operación, cosa que están a punto de hacer", aseguraba el pasado mes un directivo de una de las principales firmas afectadas. Pocos días después, el barco Adonis abandonaba Santander con armas con destino a Siria, aunque, según informaciones confidenciales, su destino final sería Irán.
La venta de armas a Irán ha sido confirmada, en sus términos generales, por altos cargos del Ministerio de Defensa y del de Exteriores. El Gobierno español siempre desmiente noticias sobre ventas de armas a Irán, como las publicadas en EL PAÍS el 16 de marzo de 1984, el 11 de junio de 1986 o los días 13, 15 y 25 de noviembre del año pasado.
Las fuentes gubernamentales consultadas, como señala el Gobierno en respuesta a Rodríguez Sahagún, insisten en que la Junta Reguladora del Comercio Exterior de Armas no ha autorizado ventas de armas en cuyo certificado de destino figurara Irán. Como insisten los exportadores, en dichos certificados ha figurado siempre Libia o Siria.
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