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Una tupida red de corrupción

Las investigaciones llevadas a cabo desde diciembre de 1985 por distintos juzgados, a raíz de las acusaciones del joyero santanderino Federico Venero, han permitido suponer que la presunta red de corrupción policial utilizaba a varios intermediarios, que se encargaban de contactar con delincuentes habituales y les ofrecían la realización de trabajos sucios. Los presuntos policías corruptos transmitían a los delincuentes informaciones sobre los bancos o establecimientos comerciales que podían atracar e incluso les facilitaban armas.Pero la actividad de estos miembros de las fuerzas de seguridad, supuestamente corruptos, no se limitaba a la preparación de los golpes, esperaban asimismo obtener beneficios de los mismos, según los indicios apuntados hasta el momento. Pocos días después del 31 de enero de 1985, tras producirse el atraco a una sucursal del Banco Español de Crédito (Banesto), el mayor a una entidad bancaria en Madrid, la policía detenía a los siete delincuentes comunes integrantes de la banda de atracadores.

Uno de los presuntamente máximos implicados dentro de esta red de corrupción, el joyero santanderino Venero, afirmaba que dos inspectores viajaron a Cantabria tras la obtención del botín y le ofrecieron la introducción en el mercado de las joyas sustraídas de las cajas de seguridad de Banesto. Uno de estos inspectores, Victoriano Gutiérrez, está detenido por la desaparición del delincuente habitual Santiago Corella, alias el Nani. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que no se debía procesar a los dos agentes por el caso Banesto.

En noviembre pasado la fiscalía se dirigió a la Audiencia Provincial de Santander solicitando el procesamiento de los policías Antonio Caro Fontanilla, Victoriano Gutiérrez Lobo -procesado por el caso El Nani-, Francisco Javier Fernández Álvarez -supuesto implicado en la desaparición de Corella-, Adelardo Rafael Martínez García y Miguel Ángel Bercianos y de los dos civiles anteriormente citados.

Brigada Anticorrupción

La Brigada Anticorrupción de la Policía investiga asimismo la desaparición del representante de joyería Mariano Loriente Chinchilla, que viajaba con un muestrario de joyas por valor de 130 millones de pesetas, y que ocurrió en Madrid hace tres años. Loriente trabajaba con la empresa de joyería Recaredo González, cuyo dueño, del mismo nombre, fue secuestrado el 17 de marzo de 1978 y liberado dos días más tarde mediante el pago de 15 millones de pesetas. Meses después la policía detuvo a Jaime Mesía Figueroa por su presunta implicacion en este atraco. Mesía se encuentra procesado por el atraco al Banesto.Por último, el magistrado Jacobo López Barja, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha solicitado el procesamiento de seis policías en relación con un atraco en la calle Atocha de Madrid, donde murieron tres atracadores. Entre los agentes que se pide su procesamiento se encuentran Fernández Álvarez y Adelardo Martínez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de enero de 1987