Británicos residentes en Jávea denuncian haber sido estafados al comprar 104 chalés

Los diputados británicos del Parlamento Europeo Edward MacMillan-Scott y David Latham se reunirán mañana en Jávea con un grupo de compatriotas víctimas de una presunta estafa en la compra de 104 viviendas en Cala Blanca Park, urbanización situada en esa localidad. Los bungalows, según las escrituras de propiedad, se vendían libres de cargas o pendientes del pago de una hipoteca que la promotora Provicsa se comprometía a satisfacer. En cambio, al menos cuatro propietarios han comprobado que sobre sus chalés, teóricamente sin cargas, pesa una hipoteca de 1.470.000 pesetas.

Casi todos los afectados son británicos jubilados que querían fijar su residencia en Jávea (Alicante). Según Robin Nigel Guy, presidente de la comunidad de propietarios, de las 104 viviendas que componen Cala Blanca Park, 14 están libres de cargas, 39 tienen hipotecas pendientes de pago, 40 están embargadas porque Provicsa ha suspendido pagos, 12 no están escrituradas y cuatro están pagadas pero no iniciadas. Por todo ello han puesto el caso en manos de abogados y presentado denuncia contra los responsables de Provicsa, Carlos Ramírez Muñoz y su mujer, María Vega Olioqui, cuya versión de los hechos este periódico intentó sin éxito obtener.Al parecer, Ramírez dirigía la empresa desde Madrid y María Vega se encargaba de las ventas. "Un buen día", apunta otro propietario, Gastón Gilly, "María dijo que tenía cáncer y que debía marcharse a Madrid para consultar con unos especialistas. Cinco días después se decretó la suspensión de pagos". Gilly dice también que desde entonces han mantenido varias conversaciones telefónicas con Ramírez. "Todo, son buenas palabras, promesas de que está intentando solucionarlo todo, pero la verdad es que no ha pagado al Banco Hipotecario. Lo peor es que hay algunas personas que, por temor a perder su casa, se han hecho, cargo de la hipoteca, cuando es Provicsa quien debe pagar".

Algunos propietarios recurrieron a los diputados europeos MacMillan-Scott y Latham para que hicieran llegar el problema a las autoridades españolas.

"Vienen", dice Gilly, "para escuchar, conocer la magnitud del problema y comunicarlo a los parlamentarios españoles en Bruselas. El alcalde de Jávea, Enrique Bas, nos ha dicho que el Gobierno español no puede sufragar la deuda de Provicsa con el Banco Hipotecario, pero sorprende que una entidad de esa talla preste el dinero tan alegremente sin saber a quién, cómo se invierte y si podrá o no recuperarlo". Según Gilly, el banco debería proceder contra Ramírez y no contra ellos.

En la actualidad, la junta de acreedores, de la que forma parte la Empresa Nacional de Artesanía, tiene embargadas 40 viviendas, aunque ha propuesto a los propietarios terminar y poner a la venta los bungalows aún no acabados para poder cobrar la deuda. Estos aceptan si la junta se hace cargo del pago de las hipotecas.