Justicia soberana

La profunda crisis -el descrédito- de la justicia en España no constituye, como piadosamente se nos intenta hacer creer, un problema técnico o de falta de medios, sino inevitable consecuencia de la frágil estructura democrática que afecta a nuestro Estado de Derecho.De los tres poderes soberanos que soportan el equilibrio de nuestra Constitución, sólo el Ejecutivo puede lucir aureola democrática. El legislativo, por mor de las listas cerradas, la dictadura de los partidos y el sistema D'Hondt, se ha convertido en eco ciego y mecánico del Gobierno, sin otro cometido que asentir, en el Congreso y en el Senado, a lo que su sede central les ordene, mientras que el poder judicial está totalmente subordinado al Gobierno a través del control que éste ejerce por medio del nombramiento y destino de los miembros, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, cuya composición determina.

Montesquieu, como afirmó con suficiente conocimiento de causa el vicepresidente Guerra, está muerto, y sólo recuperando el perdido equilibrio de estos tres poderes podremos superar la grave crisis del Estado que nos aqueja. Para ello es necesario que la función jurisdiccional recupere su brillo y naturaleza de manifestación del poder popular como exigencia previa para servir de contrapeso al Ejecutivo y constituir, junto al legislativo, el tercer pivote en que se apoya todo Estado democrático.

Sólo así -con suficiente autonomía- podrá ser un poder soberano y garantizar al pueblo español el principio de sumisión de todos los poderes a la ley, cumpliendo su responsabilidad constitucional de freno e interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos, y mucho me temo que, dado el actual estado de cosas, la única posibilidad de conseguir en España la indepen dencia judicial sería estableciendo un sistema de elección popular, directa y democrática de los jueces por los propios justicia bles. Elección que garantizaría el principio de independencia e inamovilidad de los jueces, principio que debe ser entendido no como un privilegio de los magistrados, sino como un derecho del pueblo, como una garantía para tutelar su independencia e imparcia lidad frente a los otros poderes del Estado y las influencias fácticas. No hay sistema más eficaz para mejorar la administración de la justicia, limpiar y reivindicar su imagen deteriorada, ni antídoto mejor contra la picadura de la altanería gubernamental, que una organización judicial soberana, representativa de la vo luntad popular, responsable sólo ante sus electores, a los que tendrá que servir con independencia de criterio, sentido de la justicia y eficacia procesal, y ante quienes, con motivo de su elección, tendrá que rendir cuenta de su gestión de buen juez natural, recibiendo de esos electores y de ningún otro organismo interpuesto la sanción -positiva o negativa- de su voto inapelable.

Sólo cuando tengamos un poder judicial soberano y democrático podremos constituirnos como un Estado democrático y moderno. El pueblo tiene que rescatar la función jurisdiccional como una manifestación de la soberanía popular. Hasta entonces el derecho seguirá secuestrado por instancias espurias -políticas o técnicas, tanto montaque lo seguirán utilizando a través de soportes sólo formalmente jurisdiccionales en su provecho.-