La ley de expropiación de Rumasa es constitucional
El pleno del Tribunal Constitucional desestimó ayer la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juez de primera instancia número 18 de Madrid sobre la ley de 1983 por la que el Gobierno socialista expropió el grupo Rumasa. Con ello finaliza el largo proceso jurídico sobre la expropiación del holding de la abeja, realizada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983, apenas dos meses después de llegar al poder. En el plazo de ocho días, José María Ruiz-Mateos ha sufrido dos derrotas jurídicas de gran significación: la citada del Tribunal Constitucional y la condena de la justicia británica a pagar 9.000 millones de pesetas al Estado español.
El fallo del alto tribunal se fundamenta en la constitucionalidad de una ley expropiatoria singular, para una situación excepcional como la creada por Rumasa, y en la consideración de que la ley no impide el derecho a la tutela judicial efectiva del afectado. El acuerdo se adoptó por mayoría de 10 votos. Los dos magistrados restantes, Francisco Rubio Llorente y Antonio Truyol Serra, formularon un voto particular discrepante.La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eugenio Díaz Eimil, tiene una extensión de 57 folios y dedica gran parte de los fundamentos jurídicos a analizar el planteamiento de la cuestión de supuesta inconstitucionalidad hecho por el juez José María Gil Sáez. Despejado esto, de acuerdo con las alegaciones del ministerio fiscal y el abogado del Estado, el alto tribunal centra su análisis en la duda judicial de que la medida expropiatoria, dado su carácter de ley formal singular, pueda vulnerar el derecho a la tutela judicial. Fuentes cercanas a Ruiz-Mateos declararon ayer que era "un día triste", y adelantaron la decisión del financiero jerezano de acudir a defenderse al Tribunal de Estrasburgo. El financiero perdió también hace ocho días ante la justicia británica el caso Multinvest, por lo que deberá pagar al Estado español 9.000 millones de pesetas.
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