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El Gobierno dará a conocer a los portavoces parlamentarios las encuestas del CIS

Anabel Díez

El Gobierno facilitará a partir del mes de enero a los portavoces parlamentarios los resultados de las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de cuya información hasta ahora sólo participa el Ejecutivo. Esta demanda ha sido permanente por parte de la oposición, que acusa al Gobierno de beneficiarse de una valiosa información procedente de una institución pagada por los Presupuestos Generales. Asimismo, el CIS elaborará un boletín que recoja los resultados de los estudios más destacados, fundamentalmente lo que se refiere a la intención de voto y el grado de aceptación de los líderes políticos.

El CIS es un órgano de la Administración, con rango de dirección general, que perteneció al Ministerio de la Presidencia hasta la reestructuración del mes de junio por la qué pasó a depender del Ministerio de Relaciones con las Cortes. El CIS fue creado en 1977 y su antecesor inmediato fue el Instituto de Opinión Pública, fundado en 1963. Corresponde a este organismo "elaborar estudios sobre la realidad social, investigaciones sociológicas y edición de estudios de sociología".En etapas electorales los partidos ajenos al Gobierno han solicitado infructuosamente del Ejecutivo que hiciera públicos los resultados de los sondeos que indicaban la evolución del voto. Esta petición se recrudeció el pasado mes de marzo con motivo del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y en junio con las elecciones legislativas.

"Vamos a facilitar las encuestas del CIS a los portavoces de los grupos y aumentar la accesibilidad a los datos de este organismo a todos los parlamentarios", informó un portavoz gubernamental. Este portavoz reconoce que las "continuas protestas" de la oposición han animado al Gobierno a adoptar esta decisión. "Necesitaremos un plazo de dos meses entre el fin de la realización de la encuesta y la tabulación de los resultados, tras ello se dará la información", aseguró la misma fuente.

En las últimas semanas el diputado del Centro Democrático y Social (CDS) José Ramón Caso ha presentado formalmente su protesta por la tardanza del Gobierno en responder a sus peticiones de datos sobre encuestas del CIS. "El Gobierno goza del privilegio de contar, con fondos públicos, de una valiosa información sobre la evolución de la intención del voto", dijo Caso.

Ni un solo dato

El pasado 3 de diciembre el Gobierno remitió al grupo del CDS unos datos electorales que fueron calificados por este grupo como tardíos. "El hecho de que en relación a las encuestas poselectorales no se aporte ni un solo dato hay que interpretarlo como intento de ocultación de datos, o al menos, de intento de dilación de plazo en la respuesta", añadió el diputado centrista.

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Aproximadamente cada dos meses el Gobierno conoce, a través del CIS, el grado de interés por la política de los españoles, la opinión sobre las relaciones del Gobierno con distintos grupos sociales, evaluación de su gestión, evaluación de la gestión de Felipe González, valoración de líderes políticos y opinión sobre los archivos.

Además de la información que se facilite a los portavoces de los grupos, el CIS tiene el proyecto de editar un boletín mensual o bimensual, aún sin determinar, sobre los datos de principal interés. El director de este centro, Julián Santamaría, dijo a este periódico que espera que la publicación de éste sea acogida favorablemente. "Se nos ha acusado de que los datos nuestros no son creíbles porque somos gubernamentales, pero creo que el trabajo del CIS viene avalado por la credibilidad que le otorga el haberse aproximado más que ningún otro instituto de opinión a los resultados de las elecciones en Galicia, en el referéndum de la OTAN, las generales de junio y las recientes en el País Vasco", explicó Santamaría.

"Espero que los portavoces parlamentarios estén satisfechos y que desaparezca la imputación tradicional de oscurantismo que se da al CIS".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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