La Administración da por concluida la primera fase del derribo de casas en Riaño
La Administración dio ayer por concluida la primera fase de derribo de un grupo de inmuebles de Riaño (un total de 36), afectados por la próxima construcción de un viaducto, según manifestó a este periódico el gabinete de prensa del Gobierno Civil de León. No obstante, las mismas fuentes señalaron que el próximo mes se reanudarán los trabajos de demolición de otras edificaciones, hasta completar el número de 81.
Según un comunicado del Gobierno Civil de León hecho público anoche, la demolición de edificios en Riaño se suspende hasta la segunda quincena del próximo mes de enero.En el mismo comunicado se indica que "la presa de Riaño cuya rentabilidad social agrícola y energética resulta innegable, constituye una realidad cuya efectiva terminación no podía ser impedida por acciones demagógicas de un reducido grupo de personas no vinculadas a Riaño".
Las últimas edificaciones no están sujetas a la providencia dictada el pasado viernes por el juez de Cistierna, auto que logró desde ese mismo día la paralización de los trabajos de derribo llevados a cabo por la Confederación Hidrográfica del Duero, pese a que horas después de recibida la orden fueron derribados seis edificios.
Un equipo de artificieros de la Guardia Civil hizo explosionar sobre las diez de la mañana de ayer, en el kilómetro 75 de la carretera León-Riaño, a unos 15 kilómetros de esta última población, una bolsa de plástico que contenía cuatro petardos de feria, cartuchos de caza y cerca de 30 gramos de pólvora y sal. El pequeño artefacto casero se hallaba entre dos paquetes, encima de un tronco de chopo que se encontraba atravesado en la carretera desde aproximadamente las cinco de la madrugada. El tráfico en ambos sentidos se reanudó sobre las once de la mañana.
Por otra parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Domingo Ferreiro, justificó la contundente actuación de la Guardia Civil durante una manifestación de ecologistas y vecinos el pasado domingo en Riaflo basándose en la defensa del patrimonio público, ya que los efectivos de la Guardia Civil custodiaban en ese momento la maquinaria del MOPU.
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