Marisa Castro

Tres palabras, "anticoncepción, sexualidad y aborto", resumen los distintos aspectos de la labor desarrollada como monitora por Marisa Castro, presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid. Con esas tres palabras tituló la primera charla que ofreció en los locales de una iglesia a mujeres de la cuenca minera del Nalón. Veinte años después, Marisa Castro ha sido una de las personas detenidas en la redada contra el aborto realizada a mediados de noviembre.

Marisa Castro tiene 40 años y es madre de dos hijas. Como una profesional de la planificación familiar, defensora del sistema sanitario público, que afirma vivir cotidianamente "la contradicción de verse obligada a realizar su labor en un centro privado porque la sanidad pública no resuelve los problemas de las mujeres españolas".Marisa Castro, monitora en centros de planificación y coordinadora, hasta enero de este año, del programa de planificación familiar del centro municipal de salud de Coslada, considera que su trabajo en un equipo multidisciplinar de salud debe cuidar la salud integral de las mujeres.

"La sanidad pública no resuelve los problemas de las mujeres", dice Marisa Castro, "entonces, una de dos, o las mujeres siguen en plan tercermundista o tienen que existir colectivos progres que ofrezcan estos servicios a precios razonables Para mí, el aborto está incluido en la planificación familiar, y ésta debería ser una prestación contemplada en la atención primaria". La llamada redada contra el aborto ha actuado directamente contra los centros de planificación familiar. "Los centros de planificación", continúa Castro, "han ofertado un modelo de salud y unos métodos de trabajo que se deben tener en cuenta. Las detenciones y el requisamiento de las historias es un hecho muy grave porque puede imposibilitar el acceso de las mujeres a los centros de planificación familiar. Y no hay que olvidar que ha sido necesario un esfuerzo enorme para que la población acuda poco a poco a informarse a los centros de los métodos anticonceptivos y solicite esta prestación con normalidad".

Desde aquel 19 de noviembre, cuando faltaban apenas 48 horas para que el Gobierno aprobase un decreto que facilita la acreditación de centros y clínicas privadas para la realización de abortos, Marisa Castro tiene la sensación de que tanto ella como sus compañeros "vamos arrastrados por la corriente, porque la solidaridad que se ha desplegado a nuestro alrededor tras las detenciones es increíble". Esta solidaridad reconforta tras las dos noches desagradables que los 14 médicos detenidos pasaron en comisaría y en los calabozos de los juzgados. Vinculada desde hace años al movimiento feminista -"soy feminista, todo lo que sé de salud lo he aprendido a través de mi militancia feminista"-, Marisa cree que "tal y como están las cosas lo importante es la batalla política. No hay que olvidar que en España el aborto sigue siendo un delito penal" "Con la normativa actual, Incluido el decreto aprobado recientemente, no se solucionan los problemas", concluye.