El juez Carlos Valle pregunta a más de 100 mujeres dónde abortaron y cuánto les costó la operación
El juez Carlos Valle, que sigue las diligencias contra varios centros de planificación familiar de la capital por presuntas prácticas abortivas, dio por supuesto, en las declaraciones que ayer tomó a buena parte de las casi 100 mujeres que había citado previamente, que éstas habían abortado en algunos de los centros de planificación, según explicaron muchas de las declarantes. El Instituto de la Mujer sigue manteniendo silencio sobre el tema.
La presencia de más de 100 mujeres, citadas a declarar una cada dos minutos, provocó a primera hora de la mañana de ayer largas colas, tanto en la entrada general de los juzgados de la plaza de Castilla como delante de la puerta del Juzgado de Instrucción número 14. Las primeras mujeres estaban citadas a las nueve de la mañana, pero el magistrado no se presentó hasta las 10.30, lo que motivó la comparecencia de los abogados defensores, quienes manifestaron su protesta por este retraso.Muchas de las mujeres citadas a declarar mostraron su sorpresa por el procedimiento seguido, ya que en el telegrama por el que eran citadas no figuraban los motivos concretos de la citación. Entre estas mujeres, de diversas edades y condiciones, se produjeron escenas de nerviosismo y tensiones, dando lugar a situaciones crispadas, especialmente cuando acudieron a declarar algunas menores de edad acompañadas de sus padres y otras mujeres embarazadas.
El juez adoptó como base de las declaraciones las historias médicas que fueron requisadas días antes por la policía en tres centros de planificación familiar y en una clínica de Madrid presuntamente relacionados con prácticas abortivas. A raíz de estas fichas, el juez ha enviado citaciones a cerca de 200 mujeres de Madrid y de otros lugares de España. Se espera que hoy comparezcan ante el juez, por lo menos, otras 100 mujeres cuyos nombres constan en los historiales clínicos.
Como consecuencia de esta operación figuran en poder del juez cerca de 3.000 historias médicas de mujeres que han visitado en alguna ocasión cualquiera de estos centros de planificación (Dator, Duratón, consulta del doctor Cubillo y otro centro, cerrado hace tiempo, de la calle de Diego de León).
De acuerdo con las explicaciones dadas por muchas de las declarantes, el juez les preguntaba dónde, cuándo, por qué habían abortado y cuánto dinero habían pagado por ello. La mayor parte de estas mujeres, aconsejadas por sus abogados, se negó a contestar acogiéndose al derecho a la intimidad. Otras dijeron no conocer los datos que constaban en las fichas y negaron las preguntas que en tono afirmativo les hacía el juez sobre el supuesto aborto. Los abogados presentaron ayer una queja ante el juez decano basada en el procedimiento empleado en las primeras declaraciones.
Por otra parte, la directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, mantiene el más absoluto silencio sobre las recientes detenciones. Ayer tampoco pudo ser localizada en su oficina.
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