Moscoso ordena no recurrir el auto sobre Jordi Pujol en el 'caso Banca Catalana'

El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, hizo suyo ayer el criterio mayoritario de la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo y acordó ordenar al fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, que no se interponga recurso contra el auto del pleno de la citada audiencia que exculpó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, en el caso de Banca Catalana. Este criterio sólo tuvo un voto discrepante: el del fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid, Fernando Jiménez Lablanca.

La junta de fiscales de sala se reunió ayer durante casi cuatro horas para asistir al fiscal general del Estado, entre otros temas, sobre la procedencia o no de interponer recurso de súplica contra el auto de 26 de noviembre pasado, dictado por el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona en el asunto de Banca Catalana". Según la información oficial, "después de un amplio debate, la junta, por mayoría, informó en el sentido de no estimar pertinente la interposición del recurso"."Tras ser oído el parecer de la junta, el fiscal general del Estado ha acordado", añade la escueta nota facilitada, "hacer suyo el criterio mayoritario de la misma, con la consecuencia de ordenar al fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona la no interposición del recurso, y ello sin perjuicio de continuar actuando en la tramitación de la causa ante el juzgado que corresponda". Puentes próximas a los reunidos aseguraron que Sanvicente, el fiscal a quien Moscoso ordenó no recurrir, intervino de forma decisiva para lograr la amplísima mayoría de la junta, en cuyo seno se alzaron voces en favor del recurso, entre otras, la del fiscal de la Audiencia Nacional, Melitino García Carrero.

Asimismo, Moscoso -que no participó en la votación, según informó a este periódico- tuvo un gran protagonismo en la obtención del criterio mayoritario que posteriormente hizo suyo, "sin gran esfuerzo, porque ya lo era", en palabras de uno de los asistentes a la reunión. La posición mantenida por Moscoso es que recurrir el auto, aparte de ser inoperante en la práctica, tendría el efecto de atrincherar al tribunal en la defensa de sus posiciones e incluso subsanar algunos de los evidentes defectos jurídicos del auto de 26 de noviembre.

Entre estos defectos, Moscoso destacó la declaración de la prescripción del delito de falsedad que, según él, es tanto como reconocer la existencia material de delito y que podrá utilizarse frente a otros querellados que no puedan invocar la prescripción. Asimismo, Moscoso hizo ver a la junta que el hecho de que el auto del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona no sobresea la causa contra Pujol permite que, si de la subsiguiente investigación judicial y fiscal se deduce algún nuevo hecho, pueda remitirse de nuevo la causa al pleno.

'Distraer', según el diccionario

Con fundamento en esta tesis, y para tratar de convencer a la mayoría de la junta, Jiménez Lablanca argumentó que es mejor para el propio Pujol obtener un auto de sobreseimiento que no mantener la espada de Damocles de una futura inculpación. Detrás del auto de sobreseimiento existiría la posibilidad de recurrir contra él a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero tanto Moscoso como la mayoría de los fiscales consideran un error político traer el caso Banca Catalana a Madrid, por lo que la tesis no prosperó. Tampoco prosperaron los argumentos de Jiménez Lablanca en favor de que se tuviera en cuenta una de las acepciones que el diccionario da a la palabra distraer ["tratándose de fondos, malversarlos, defraudarlos"].

Para Moscoso, habría sido preferible, antes que, acusar a Pujol, obtener el procesamiento de varios directivos de Banca Catalana y, a partir de este hecho, comprobar si existían responsabilidades a más alto nivel. De ahí que, aunque hizo ante los periodistas elogios a los fiscales encargados del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, que continuarán actuando, no mantuvo en la reunión de la junta de fiscales, como tras su toma de posesión, que asumía las directrices del anterior fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, o que el trabajo de los fiscales fue "técnica y profesionalmente perfecto, muy correcto".