El estatuto como problema

"El estatuto es un pacto político como la copa de un pino", afirma Juan Ramón Guevara, consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo de Vitoria. "No el simple desarrollo de la Constitución en una ley orgánica, sino un pacto histórico", añade, "que permitía a Euskadi integrarse a un proyecto común de Estado tras haberse abstenido de aprobar la Constitución". Para Guevara, responsable de la negociación estatutaria con el Gobierno central desde principios de 1985, cuando el Gabinete de José Antonio Ardanza sustituyó al segundo Gobierno de Garaikoetxea, ese carácter de la autonomía vasca empezó a quebrarse el 23 de febrero de 1981, el día en que un grupo de guardias civiles asaltó el Congreso a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero."El problema que subyace al intento golpista del 23-F es el de las autonomías, porque no había más violencia terrorista que en períodos anteriores", indica. "El primer reflejo de aquéllo es la LOAPA, pero resultó tan burdo que el Tribunal Constitucional no tiene más remedio que echarlo abajo en parte. Ahora el PSOE está haciendo lo mismo, pero mejor estudiado. Cada ley orgánica tiende a recortar por principio las posibilidades de desarrollo de la autonomía".

Los dos años siguientes a la entrada en vigor del estatuto parecen hoy una luna de miel. Se aprobaba el concierto económico, que ponía en manos del Ejecutivo de Vitoria una masa considerable de recursos propios; se iniciaban los primeros proyectos para la formación de la Ertzantza (policía autónoma); el Parlamento comenzaba a legislar, y las transferencias llegaban fluida y regularmente. El paso del tiempo permitió descubrir que, cuando las leyes son fruto del consenso, no todo lo que resulta son ventajas. Para conseguir un texto aceptable por ambas partes el estatuto de Gernika hubo de sacrificar en ciertos apartados el rigor jurídico e incluir fórmulas deliberadamente ambiguas, que dejan amplio margen a la interpretación posterior.

La Administración autónoma dispone ya de más de 26.000 funcionarios y otras 2.000 personas en sociedades públicas. Este año ha gestionado un presupuesto de 160.000 millones de pesetas. Sin embargo, Guevara denuncia "un espíritu de agresión permanente a la autonomía", amparado en el margen interpretativo que deja abierto el propio estatuto, y del que responsabiliza al Gobierno socialista. "Para el PSOE", dice, las autonomías son un mal menor, que es necesario tolerar, mientras se trata de reducirlo a la mínima expresión posible".

El socialista Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno central en la comunidad autónoma, acoge flemáticamente este tipo de acusaciones. "E] PNV nunca dará por finiquitada esta cuestión. Con su aspiración de tener siempre más, no vamos a acabar. No queda otro remedio que tomárselo con calma". Jáuregui reconoce que las cosas han ido mejor con el Gobierno de Ardanza. "El desacuerdo ha discurrido por cauces de mayor racionalidad". También Guevara cree necesario subrayar que el Gabinete al que pertenece ha sido más eficaz para los intereses vascos. "Hay que preguntarse qué agresiones a la autonomía que nosotros hemos logrado frenar se hubieran consumado en la etapa anterior".

La rapidez del proceso

Sobre la base de que siempre habrá reclamaciones pendientes por parte del PNV, Jáuregui destaca la rapidez del proceso estatutario y el margen de maniobra que guarda el Gobierno central, culminado el proceso autonómico general, para atender al carácter específico de las comunidades históricas. "En ningún país de Europa se ha producido en seis años una tal transferencia de soberanía política como se ha hecho en España. El Estado de las autonomías es ya un hecho", dice. "Ahora se abre una expectativa de mayor flexibilidad política para atender la especificidad de la autonomía vasca. Hay que recorrerla con pragmatismo y mucha paciencia. Lo que hoy no es transferible puede serlo mañana. El Gobierno vasco cree enfrentarse a una estrategia de desgaste, con la que el partido socia lista querría convertir el desarrollo del estatuto en una suerte de tejido de Penélope para neutralizar algunos aspectos del pacto político reflejado en el texto de Gernika. "He oído personalmente a Fernando Ledesma, ministro de Justicia, y a Tomás de la Cuadra, cuando era ministro de Administración Territorial, afirmar que el estatuto vasco ha ido demasiado lejos", asegura Guevara.

La cuerda, tensa

"Luego actúan en consecuencia. El estatuto establece que el Gobierno vasco ejercerá todas las competencias que sobre la administración de justicia reserve la ley del Poder Judicial al Gobierno del Estado. Nosotros hemos tenido que recurrir la ley Orgánica del Poder Judicial porque no respeta esa competencia que el estatuto nos garantiza". La cuerda ha estado a punto de romper se en otras ocasiones, cuando se negociaban las leyes de policía o sanidad, o la adaptación del IVA al concierto económico.Jáuregui rechaza que pueda hablarse con fundamento de un intento de desnaturalizar o vaciar la autonomía, porque las actuaciones del Gobierno central, incluso en los casos más conflictivos, se encuentran dentro de la banda interpretativa en la que pueden operar legítimamente los poderes legislativo y ejecutivo. "El mismo margen interpretativo discutible con que el Parlamento vasco aprueba determinadas leyes que nosotros recurrimos ante el Tribunal Constitucional y que éste da por buenas o rechaza".

Pero los nacionalistas creen ver detrás, del Ejecutivo socialista más cosas: la sombra de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) y de un pacto antiautonómico inducido por la intentona del 23-F, capaz de desconocer cualquier esfuerzo de diálogo, incluso el que nadie niega que ha realizado el Gobierno de Ardanza. Hasta el punto de que Guevara no duda en calificar de "cinismo político" unas declaraciones recientes del presidente Felipe González en las que ofrecía colaboración al próximo Gobierno vasco siempre que actúe con lealtad constitucional y estatutaria. "SI ahora resulta que el Gobierno de Ardanza no ha dado pruebas de lealtad", lamenta, "después de haber realizado una autocrítica del nacionalismo nunca correspondida por la otra parte y haber asumido el estatuto en su integridad, incluidas las partes menos gratas, con el coste político que eso ha supuesto, no tengo más remedio que considerar las palabras de González como una muestra del cinismo político al que nos tienen acostumbrados los socialistas".