'Los siete magníficos' del transporte por carretera en Galicia

Álvaro Cunqueiro decía que Galicia terminaba donde terminan las líneas Castromil, y puede que tuviera razón. La Xunta de Galicia se va a gastar en 1986 para transporte escolar, según deducen los socialistas del presupuesto de la comunidad (este año figuran dos apartados diferentes), la friolera de 5.875 millones de pesetas (2.224 de un programa y 3.651 de otro).La política del transporte en Galicia, según los sindicatos y el PSOE, se ajusta a los intereses de los que denominan los siete magníficos (Castromil, Finisterre, La Unión, Autos Cal Pita, Ribadeo, Monforte, Ideal Auto y Pereira). Ramón Castromil, que fue diputado de AP en la primera legislatura, ha sido consejero de Albor en la resolución de su crisis con Barreiro. El gerente de Transportes Finisterre, López Perea, que está casado con una hija del propietario, fue director general de Yransportes de la Xunta con Angel Carreño como conselleiro. Lo primero que hizo desde su despacho oficial fue levantar las sanciones y expedientes que existían contra su empresa. Y los socialistas se las ven y se las desean para paralizar la tramitación de una ley de transportes, cuyo borrador coincide con los intereses de los grandes del sector, que va a entrar en contradicción con la ley estatal que el Gobierno trata de consensuar con las diferentes comunidades autónomas. Dada la exclusividad que el estatuto de autonomía concede a Galicia en esta materia, si la ley regional sale antes que la estatal no hay nada que hacer, y eso lo saben los siete magníficos, según el PSOE. El proyecto gallego deja sin obligación de servicio público de transporte a los núcleos de menos de 1.000 habitantes, que en Galicia son mayoría.

Este panorama explica, según el diputado socialista Martínez, el que en Galicia se hayan rebajado. las becas de comedor para los niños con respecto a los baremos de otras comunidades, pese a las precarias condiciones de alimentación infantil en muchas aldeas y zonas de la región. Los fondos transferidos por el Estado para este capítulo y para el transporte escolar constituyen una misma partida, según este diputado, y si se disminuyen las becas de comedor, queda más dinero para repartir entre los transportistas. "Buena parte de la flota escolar cuenta con más de 10 años. Aquí se producen más accidentes que en el resto de España. Las rutas se fijan a conveniencia de los grandes del transporte, y así, ayuntamientos como el lucense de Becerreá se quedan de la noche a la mañana sin servicio porque no les interesa a los transportistas, y sus niños deben recorrer diariamente a pie, nieve o haga sol, cuatro kilómetros para acudir a la escuela. Y en algún caso se está facturando dos veces el mismo servicio", afirma Fernando Martínez. El Sindicato Galego do Ensíno también ha acusado a la Xunta de estar al servicio de los transportistas.

Otra de las grandes críticas a la Xunta se refiere a la electrificación rural (cerca de 1.000 millones se presupuestan cada año). Pese al retraso de Galicia en este terreno, los fondos no se utilizan en su mayor parte y las cantidades que llegan a invertirse benefician en muchas ocasiones a zonas urbanas y no rurales.