Casi un año de conflicto

El conflicto entre el colegio público San Francisco Javier y la ikastola Intxixu, que espera una inminente decisión del Gobierno vasco sobre su solicitud de integración en la red pública presentada antes del inicio del mismo, se remonta a diciembre de 1985. El Ayuntamiento de Bilbao decidió en esa fecha ceder tres aulas del colegio a la ikastola. Posteriormente, un convenio entre el Ayuntamiento, titular del edificio del colegio público, y el departamento de Educación del Gobierno vasco sancionó la cesión de las aulas hasta que la ikastola se integrase en la red pública y mientras la cesión no impidiera las actividades del colegio San Francisco Javier.Los alumnos de la ikastola y del colegio convivieron en las instalaciones sin problemas a lo largo del curso pasado. Sin embargo, el consejo escolar del colegio San Francisco Javier decidió el pasado verano no ceder las aulas para este curso porque las necesitaba para ampliar sus propias actividades. Los padres decidieron encerrarse desde el inicio de curso para impedir la cesión que reclamaba la delegación en Vizcaya de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco.

El Ayuntamiento de Bilbao aprobó la cesión de las cuatro aulas que pedía la ikastola en la sesión plenaria del pasado 15 de octubre, con el voto en contra del PSE-PSOE, la abstención del Centro Democrático y Social y Coalición Popular y el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko Ezkerra y HB. El informe del arquitecto-jefe de la Unidad Técnica del Departamento de Educación del Ayuntamiento señaló que "cinco aulas de dimensiones normales exceden al programa de necesidades del centro, aplicando la normativa más amplia posible de ocupación de espacios". La decisión municipal fue rechazada por los padres, que continuaron el encierro, alternándose varios grupos día y noche. El pasado día 10, la Ertzantza desalojó a los padres. Las actividades escolares fueron suspendidas. Los padres de los alumnos del colegio público San Francisco Javier han anunciado su intención de recurrir contra la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de ceder las aulas a la ikastola por considerar que un bien público no puede ser cedido a una entidad privada.