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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Crimen en Manila

EL ASESINATO de Rolando Olalia, presidente de una poderosa organización sindical izquierdista y del Partido del Pueblo, creado hace dos meses para permitir una acción legal de los comunistas y sus simpatizantes, es un crimen político de efectos graves para la joven democracia filipina. La primera consecuencia ha sido la interrupción de las negociaciones entre la guerrilla comunista y el Gobierno. Y en esas negociaciones está en juego no sólo el cese de los combates en extensas zonas del país, sino un cambio profundo en el clima y en la estructura de la política filipina. Las guerrillas existen desde hace dos décadas, y cuentan actualmente con más de 20.000 combatientes, pero además expresan en cierta forma la protesta desesperada de los sectores más pobres y marginados. Causan muertes e inseguridad en zonas agrarias, y facilitan al tiempo que los militares tengan un peso excesivo en la vida política. El problema de fondo es que sin el fin de la guerra civil larvada que asola el país será muy difícil que la democracia logre un desarrollo estable.El triunfo de Corazón Aquino ha creado la posibilidad de abrir ese nuevo camino en la historia de Filipinas, pero los obstáculos que hace falta vencer son muchos. En su propio Gobierno, al lado de personalidades liberales y democráticas partidarias de la negociación figuran jefes militares que abandonaron a Marcos a última hora -como el ministro de Defensa, Juan Ponce Enrile- y que se oponen a cualquier negociación con la guerrilla. La amenaza de un golpe militar se hace sentir, de una u otra forma, desde hace meses. Y la maniobra para invertir el sentido democrático de la evolución filipina puede tener otros derroteros.

El próximo 7 de febrero, el proyecto de nueva Constitución será sometido a referéndum, y su aprobación conllevará la prolongación del mandato de Corazón Aquino hasta 1992. Diversas fuerzas de derecha están interesadas en impedir que esta perspectiva democrática se consolide. Mientras el general Enrile se presenta como campeón del anticomunismo, buscando el apoyo de las fuerzas en las que se apoyó la dictadura de Marcos, el vicepresidente, Salvador Laurel, ha coincidido con él en sus críticas a la política de negociación con la guerrilla. La presidenta Aquino está condicionada por la composición de su Gobierno, y no parece que pueda modificarlo sin graves riesgos.

Por parte de los comunistas se ha producido, no sin conflictos internos, una rectificación de la política anterior, basada de modo exclusivo en la lucha armada. Política que les llevó a boicotear las elecciones que dieron el triunfo a Corazón Aquino y a marginarse así de la movilización popular gigantesca que permitió un avance decisivo de la democracia en Filipinas. Esa evolución se ha reflejado no sólo en la aceptación de una negociación para poner fin a los combates, sino en una creciente actividad en plataformas legales, sobre todo con la creación del Partido del Pueblo. El mes pasado, la guerrilla propuso un alto el fuego de 100 días, que podría comenzar el próximo mes de diciembre, y los militares se apresuraron a declarar que era una oferta sospechosa. Al aceptar la negociación, Corazón Aquino apoya al sector más democrático de su Gobierno, pero las condiciones en que puede desarrollarse son precarias. Concretamente, muchos jefes militares, como Enrile, siguen manifestando su profundo desacuerdo.

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En este marco se ha producido el asesinato de Rolando Olalio. Hasta ahora no se sabe quiénes son los culpables directos, y Corazón Aquino ha dicho que todos los recursos del Gobierno serán empleados para buscarlos y llevarlos ante la justicia. En cambio, la intención política de los que han organizado el crimen no se presta a muchas dudas, porque la víctima representaba, en su más alto nivel político y sindical, el intento de incorporar a una vida democrática legal a sectores sociales marginados durante décadas, y que desbordan ampliamente las filas comunistas. El objetivo de los criminales es impedir, de una u otra forma, ese proceso ya en marcha de ampliación de la democracia filipina. Una actitud débil de la presidenta en esta coyuntura puede enfrentarla con una reacción popular dolorida e indignada. Sin embargo, y con todas sus limitaciones, Corazón Aquino representa hoy la condición indispensable para que Filipinas pueda seguir por una camino democrático.

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