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Armadores españoles piden ayuda oficial tras ser multados en Guinea-Bissau

Un portavoz de la compañía Sánchez-Guzmán, armadora de los buques Ángeles Bravo y Txingurri que, junto al pesquero Digna, han sido multados con 120 millones de pesetas por las autoridades de Guinea-Bissau, declaró ayer que si el Gobierno español no interviene, la sanción podría dejar en el paro a los más de 50 tripulantes de los tres pesqueros.

Los tres buques congeladores, con base en Las Palmas de Gran Canaria, fueron detenidos el 17 de octubre cuando faenaban, con licencias de Senegal, en una zona de "aguas discutidas", entre ese país y Guinea-Bissau, sobre cuya jurisdicción mantienen ambos un enconado litigio.

La intervención del embajador español en Dakar (Senegal), José Antonio López Zatón, permitió la liberación de los tripulantes, tras permanecer diez días incomunicados y bajo la vigilancia de militares armados.

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