Dos años de forcejeo sobre la nueva fórmula

J. L. M. I.El proceso negociador de la nueva fórmula de financiación, que regirá para todas las autonomías a partir de 1987, se puso en marcha en febrero de 1985. Cataluña, la comunidad que más había exteriorizado sus discrepancias con el modelo provisional existente, planteó la necesidad de iniciar la negociación y el conseller Josep Maria Cullell, con el respaldo de todos los partidos catalanes, pidió formalmente que se cumpliera la previsión de acabar la provisionalidad al cumplirse los seis años de vigencia.

Algunas voces de la Administración, como la del entonces ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra -con cierta timidez-, y la del secretario de Estado de Hacienda, José Borrell -con mayor decisión-, habían reconocido meses antes "la necesidad de ajustar el sistema". Luego, en el debate del año 1984 sobre el estado de la nación, el presidente González admitió la inadecuación del sistema vigente.

A partir de febrero de 1985 comenzaron de nuevo negociaciones entre Miguel Boyer y José Borrell, por un lado, y Jordi Pujol y Josep Maria Cullell por otro. Los socialistas catalanes del PSC, como mediadores, propusieron que la revisión del sistema de financiación se llevara a cabo en dos fases: a corto plazo -para 1986-, cumpliendo lo previsto en el Estatut, cuyo artículo 45 prevé un sistema de financiación definitivo tras los seis primeros años; a medio término, implantando un nuevo modelo.

Cumplir el Estatut

Para dar cumplimiento al Estatut, el Gobierno de Convergència y los socialistas catalanes plantearon al Gobierno central una fórmula basada en tres premisas: la modíficación de las funciones del Fondo de Compensación Interterritorial; el establecimiento de un sistema de subvenciones para garantizar los niveles mínimos de servicios en las comunidades; y, sobre todo, la superación del principio de limitar la financiación a lo que supusiera el mero coste efectivo de las transferencias.

Borrell y Boyer asumieron la doble tesis, pero el segundo dejó poco después el Gobierno y la situación se estancó nuevamente. El rigor presupuestario impuesto por Solchaga, sucesor de Boyer, agravó las tensiones y la situación financiera de la Generalitat. La institución autonómica tuvo que endeudarse en 25.000 millones de pesetas para mantener en 1986 el presupuesto de 1985. El inmediato deterioro de las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico acabó en un encuentro entre Felipe González y Jordi Pujol en otoño de 1985, después de más de un año sin contactos personales. El primero hizo la promesa de resolver antes de que acabara ese año el problema. Con retraso, el tema se ha zanjado.