Los expedientes a médicos por delitos de opinión ponen en tela de juicio la actúal ley de Colegios

Cinco expedientes disciplinarios abiertos a otros tantos médicos en el colegio de Cádiz, algunos de ellos por delitos de opinión; otro médico segregado en Badajoz por defender y practicar la libre colegiación, y las peticiones para que se apliquen medidas deontológicas a otro médico de Madrid por intervenir como funcionario en la aplicación de las incompatibilidades son algunas de las acciones que están demostrando, a juicio de muchos médicos, la necesidad de cambiar la a legislación de colegiación profesional al menos en lo que se refiere a los profesionales de la medicina.

El colegio de médicos de Cádiz tiene en la actualidad cinco expedientes abiertos a otros tantos facultativos "por faltas disciplinarias", según ha dicho su presidente, Antonio Lorenzo, que no ha querido especificar el tipo concreto de faltas. Dos de los médicos expedientados tienen claro, sin embargo, que su expediente se debe a "delitos de opinión" por haber manifestado en público críticas a la corporación colegial.Los médicos Antonio Vergara, del hospital Clínico de Cádiz, y Dolores Martínez, de un ambulatorio de esta ciudad fueron expedientados, en principio, por defender las consultas de enfermería en artículos publicados en la Prensa regional. "Hace 10 días, el instructor del expediente nos sometió a un interrogatorio, y ahora estamos esperando recibir los cargos de acusación, pero mucho nos tememos que, los mandos del colegio quieran expedientarnos porque hemos criticado la estructura y funcionamiento del colegio", dicen.

Los médicos podrán recurrir contra la decisión del colegio ante las instancias médicas superiores y, en último término, ante los tribunales ordinarios. Estos dos facultativos, que trabajan en la medicina pública, podrían ser incluso privados de la colegiación, lo que, en teoría, les inhabilitaría para el ejercicio de la profesión, por no tener la misma opinión que sus directivos colegiales.

El caso del neurólogo Justo Vialas, del hospital del Insalud de Badajoz, es diferente, pero tiene como fondo el tema de la obligatoriedad o no de la colegiación. Vialas dejó de pagar las cuotas al colegio de Badajoz en 1983 porque quería llevar a efecto "la libre colegiación que entonces predicaban quienes comenzaban la primera legislatura socialista".

Debido a esta actitud, calificada por otros médicos como "objeción de conciencia", el colegio le dio de baja y comunicó al Insalud, a la dirección del hospital y al Gobierno Civil que ya no estaba colegiado, o lo que es lo mismo, que no podía ejercer la medicina. Sin embargo, Justo Vialas no ha tenido ningún problema en el centro donde, trabaja: "Es más", dice, creo que me ha beneficiado".

Medidas judiciales

El colegio de Badajoz, presidido por Antonio Entisne, calificado por muchos como riverista, está estudiando medidas judiciales contra este médico que se niega a admitir la colegiación obligatoria.Por otra parte, el colegio de médicos de Madrid ha abierto una información reservada previa a la apertura de expediente sobre la denuncia hecha por algunos médicos del Sindicato de Beneficencia y Sanidad Municipal contra el médico funcionario de la Administración Pública Javier Rey del Castillo porque es uno de los encargados de aplicar la ley de Incompatibilidades a los médicos. La comisión deontológica del colegio deberá decidir ahora si se sustancia o no dicho expediente.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, a la que pertenecen los médicos expedientados en Cádiz, ha denunciado. repetidamente esta "absurda situación de desfase legislativo y de expedientes por motivos de opinión y no por mala práctica médica".

El actual presidente de la Organización Médica Colegial, Ricardo Ferré, ha quitado importancia a los expedientes en curso y se ha mostrado firme partidario de la colegiación obligatoria mientras los colegios sigan siendo entidades de derecho público, "ya que tienen que cumplir unas funciones que les ha asignado el Estado".

La Administración socialista, que intentó en la anterior legislatura transformar la ley vigente de colegios profesionales, pero que desistió de ello ante la fuerte oposición de las corporaciones colegiales, no tiene intención de promover de inmediato una legislación sobre esta materia, según fuentes oficiosas del Gobierno. Ni siquiera se ha determinado tras la formación del último Gabinete qué ministro será el responsable de este tema, aunque todos los indicios apuntan a Joaquín Almunia, ministro de Administraciones Públicas.