Los concejales socialistas solicitan una auditoría en el Ayuntamiento de Boadilla

Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte creen necesario que se realice una auditoría para esclarecer presuntas irregularidades que, según ellos, se están produciendo en la administración de los fondos municipales. Esta medida fue solicitada mediante una moción de urgencia en el último pleno celebrado hace una semana. El punto no fue aprobado por el empate en las votaciones, ya que la alcaldesa, de AP, Matilde Múgica, empleó su voto de calidad para resolver la cuestión a favor del Grupo Popular, que se mostró contrario a la auditoría, con la excepción de dos de sus concejales, que junto con el Grupo Socialista votaron a favor.

Estas presuntas irregularidades que los miembros del PSOE en la corporación quieren esclarecer están relacionadas con cuatro cuestiones que fueron denunciadas ante el Tribunal de Cuentas en septiembre: el desconocerse aún el estado de cuentas del año 1985, la aprobación irregular de los Presupuestos Generales para 1986, la adjudicación de las obras de la Casa de la Cultura y las percepciones salariales de los miembros de la corporación.Para el PSOE, el más grave de los cuatro temas es la no presentación de las cuentas generales para 1985, falta que consideran muy importante, ya que, siempre según los concejales socialistas, puede significar la existencia de irregularidades en la administración. Por otra parte, el presupuesto para 1986 se aprobó el mes de febrero con la oposición municipal en contra del mismo, lo cual motivó una reclamación socialista. Esta reclamación no fue resuelta y el grupo de gobierno no hizo mención a ella cuando envió los presupuestos para su publicación en el boletín oficial de la comunidad.

La oferta más cara

Otra de las cuestiones denunciadas es la adjudicación de las obras de la Casa de la Cultura, que se otorgaron a una empresa cuya oferta era más cara que las de otras que concurrían al concurso. El PSOE estima que esto supuso una pérdida de 10 millones de pesetas. Además, las obras fueron suspendidas al poco tiempo de su inicio, por lo que hubo que rescindir el contrato y readjudicar la construcción, lo cual supuso un gasto adicional y una pérdida de tiempo.El cuarto punto de discordia lo constituyen las percepciones salariales de los miembros de la corporación, que se encuentran en suspensión cautelar desde el mes de julio debido a la denuncia del entonces delegado del Gobierno, José María Rodríguez Colorado, ante la Audiencia Territorial.

Según los socialistas, las percepciones de los concejales habían superado en el mes de junio las tres cuartas partes de los 10 millones que supone el 2% de los Presupuestos Generales, cantidad máxima que se puede dedicar a este fin. Al parecer, en agosto, a pesar de estar ya notificada la suspensión cautelar, los concejales percibieron sus sueldos. Sin embargo, en la actualidad ningún miembro de la corporación recibe cantidad alguna.

Las cantidades a percibir se habían establecido mediante pleno municipal, impugnado por el PSOE, y eran las siguientes: 25.000 pesetas para los concejales, a las que había que sumar 20.000 a cada teniente de alcalde de los cuatro que hay, y 15.000 por cada concejalía delegada. A éstos se añadían 5.000 pesetas más por asistencia a cada pleno y reunión oficial.

La alcaldesa ha manifestado que las cuentas están claras y que el Ayuntamiento tiene las puertas abiertas a cualquier auditoría que se quiera realizar. Sobre su votación negativa en el pleno, ha afirmado que no era por temor a que se realizase la auditoría sino por respetar la disciplina de voto y unirse a los miembros del Grupo Popular.