Inminente acuerdo del Poder Judicial sobre una denuncia contra cinco magistrados

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá en fecha inminente, probablemente la próxima semana, si inicia expediente disciplinario contra los cinco magistrados de la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Barcelona, que preside Enrique Lecumberri, denunciados por presuntas anomalías en la tramitación de recursos contencioso-administrativos contra la Generalitat.

Fuentes del Consejo indicaron que las diligencias informativas 449/86, encomendadas el 2 de mayo de 1986 al inspector Francisco Bosch, se encuentran prácticamente ultimadas. Una vez que el jefe del servicio de inspección del Consejo, Ignacio Sierra, analice el voluminoso expediente, pasará a la comisión disciplinaria, para que adopte la decisión que corresponda.Fuentes de esta comisión señalaron que, a la vista de las diligencias informativas practicadas, puede adoptarse uno de estos tres acuerdos: considerar incompleta la investigación realizada y ordenar que se practiquen nuevas diligencias; estimar que no existe materia disciplinaria en las actuaciones denunciadas y archivar las diligencias, o iniciar un expediente disciplinario con designación de un instructor de igual categoría, al menos, que los magistrados expedientados.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona está presidida por Enrique Lecurriberrí Martí, de 43 años, y forman piarte de la misma los magistrados Siro Fernández Robles, de 69 años; Juan Fernando Horcajada Moya, de 43; José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, de 31, y Alberto Andrés Pereira, de 32 años.

Se da la circunstancia de que Enrique Lecumberri ha sido considerado en los últimos meses como candidato de la Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados para cubrir la vacante dejada en el C GPJ por Cesáreo Rodríguez-Aguilera, con motivo de su candidatura en las elecciones del 22 de junio pasado.

Enrique Lecumberri es considerado próximo a Convergència i Unió.

Según, fuentes conocedoras de la denuncia formulada por el director del. trasvase del Ebro y antiguo ingeniero de la Generalitat, Juan José Moll, no es probable que el CGPJ estime que los hechos constituyen la falta muy grave que consiste en "el retraso injustificado y reiterado en el desempeño de la función judicial".