La financiación de la CE y el 'horizonte 92'

En efecto, 1992 es la fecha de culminación del mercado interior. Objetivo al que se ha acompañado de otros como la cohesión económica y social; el fortalecimiento de la capacidad monetaria; el desarrollo de políticas de investigación, salud y medio ambiente, y de los aspectos económicos e industriales de la defensa. La CE empieza a superar dos decenios largos de estancamiento y tibieza a través de la decisión del Consejo de Luxemburgo, impulsado por la, decisión del Tratado de la Unión Europea aprobado por el Parlamento. Sin embargo, los jefes de Estado y Gobierno que decidieron estos objetivos para los Estados miembros de la CE no han sido igualmente explícitos a la hora de hablar de los medios. Por ello, el informe sobre financiación futura de la Comunidad se inscribe en esta perspectiva para poder garantizar que los ambiciosos objetivos acordados son efectivamente realizables.Pero el acuerdo sobre el futuro de la Comunidad no es una realidad ex novo. Se ha concertado en un contexto bien preciso, que es el de una crisis endémica resuelta con expedientes que, por ingeniosos que sean, permiten, en el mejor de los casos, ir tirando, vivir al día.

De este modo, se han ido generalizando soluciones como los adelantos de los Estados miembros (reembolsables según los casos), la elevación a posteriori del techo del IVA o el aplazamiento de pagos. Sin olvidar que, en materia de gastos, se ha aplicado unilateralmente por el Consejo la llamada disciplina presupuestaria, cuyas consecuencias han sido la acumulación de gastos agrícolas, con la asfixia de los fondos estructurales y la falta, de medios para las nuevas políticas. La consecuencia es un estado de cuasi suspensión de pagos, con un pasivo ciertamente cargado, que se ha puesto de manifiesto con motivo de la ampliación de la CE a 12. En 1986, el valor contable de los excedentes agrícolas almacenados supera los 10.000 millones de ECU, y los adelantos reembolsables de los Estados miembros superan los 1.000 millones.

La realidad actual es, por tanto, francamente preocupante, y no se limita al aspecto más conocido y criticado de la política comunitaria, la política agrícola. Ésta, con todos sus defectos, ha conseguido la autosuficiencia de la Comunidad Europea en materia agroalimentaria, así como ha permitido un esfuerzo sustancial de modernización de la agricultura europea a un contexto cambiante.

Sin embargo, el haber concentrado la política agraria en la garantía de precios ha llevado a un creciente desequilibrio en la misma: actualmente, el 25% de los agricultores europeos percibe el 75% de las ayudas. Ante esta realidad, la reforma de la PAC es un elemento inaplazable para garantizar la supervivencia futura de la Comunidad.

Gastos agrícolas

El problema agrícola es, sin duda, el más grave del presupuesto comunitario. No en vano concentra el 63,8% del total de los gastos en el Anteproyecto de Presupuesto para 1987. Pero el problema del desequilibrio se debe también a la insuficiente dotación para otras actividades. En la actualidad, se dedica a los fondos estructurales (Fondo Social y Regional) el 13,7%; a investigación, energía e industria, el 2,5%; a ayuda alimentaria, el 1,4%, y tan sólo va a medio ambiente y consumidores el 0,07%, y a educación y cultura, el 0, 16%. Y ello, en un presupuesto que en el momento actual es ridículamente bajo. Su volumen es aproximadamente la mitad del presupuesto español, y representa menos del 1% del PIB de los Estados miembros y del 3% del total de los presupuestos nacionales de los mismos.

Un último problema que afecta al actual sistema de financiación comunitaria es la desequilibrada relación entre las instituciones que componen la autoridad presupuestaria.

En resumen, se puede definir la actual situación como de profunda y endémica crisis. La conclusión más fácil para un pesimista sería declarar la Comunidad en quiebra y proceder a su disolución. La decisión del Consejo de Luxemburgo de avanzar en la unión europea ha significado un paso clave en la dirección contraria. Y la prueba de la seriedad de esta voluntad se reflejará en la solución que se dé a la actual problemática financiera.

La Comunidad debe lograr un sistema de financiación estable que le permita poner a punto la programación plurianual de sus actividades. Para ello es preciso revisar ya los objetivos de aportación actual del IVA. De hecho, con el peso del pasado señalado anteriormente, el actual techo del 1,4% está ya agotado. Y el techo del 1,6% no deja ningún margen para iniciar nuevas políticas.

Sin embargo, no tiene sentido pedir más dinero si no se procede, al mismo tiempo, a la revisión de las políticas actuales. Ésta es la razón por la que el Parlamento, como medidas inmediatas, no sólo pide la supresión del techo a la aportación del IVA, sino que propone atacar de frente el problema más grave con una decisión clara. La propuesta muy mayoritaria de la Comisión de Presupuestos consiste en la creación de un fondo especial para la liquidación de excedentes al final de 1985, a través de contribuciones especiales de los entonces 10 Estados miembros.

Propuesta que, por otra parte, es coherente con lo negociado en el Tratado de Adhesión y que supuso para España una obligación de saneamiento y limpieza de sus propios excedentes. Paralelamente se propone la introducción de mecanismos de limitación y control de la producción en el sector agrícola que permitan evitar la acumulación de nuevos excedentes.

Como medidas complementarias a corto plazo, tiene sentido desarrollar la política de endeudamiento para las inversiones que favorezcan la cohesión y el crecimiento económico y, asimismo, establecer la tasa sobre el consumo energético. En este proceso se puede hacer realidad la reivindicación del Parlamento de aumentar más su poder, liaciéndole responsable de lo que va destinado a la Comunidad. Ello es posible técnicamente y de seable políticamente.