Los hispanos ganan una batalla en EE UU

Unos cuatro millones de inmigrantes ilegales más sus familias -su número total es desconocido y puede ascender hasta 12 millones- podrán legalizar su presencia en EE UU gracias a la nueva ley de inmigración que acaba de aprobar el Congreso. Tras 20 años de inacción y presionado por la opinión pública, que clama por detener la oleada de ilegales, básicamente mexicanos, que cruzan la frontera sur de EE UU y a la que se relaciona con la droga y el aumento del crimen, el Parlamento ha decidido poner fin a una gran hipocresía.

Hasta ahora, estos no ciudadanos podían ser deportados, pero no era ilegal para los empresarios emplearlos como mano de obra barata. De hecho son vitales para la recogida de la fruta y los vegetales de las granjas de la costa oeste. Cuando el presidente, Ronald Reagan, firme la nueva ley, el empleo de ilegales será castigado con multas que pueden ir desde 250 a 10.000 dólares (entre 33.000 y 1,3 millones de pesetas), e incluso seis meses de cárcel. Éste es el precio que los ilegales, sobre todo hispanos, deberán pagar para conseguir una amnistía que se aplicará a todos aquellos que puedan demostrar documentalmente que han vivido permanentemente en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1982.Para los críticos de la amnistía, en la derecha más conservadora, ésta es como intentar resolver el problema de las drogas legalizando la cocaína.

Para los liberales, como el senador Edward Kennedy, la ley es "una bofetada inmerecida para millones de hispanos", que se verán discriminados al buscar trabajo. Nadie querrá correr el riesgo de contratar a una persona con aspecto de ilegal. Un departamento especial del Ministerio de Justicia será creado para impedir esta clase de discriminación. La ley, gracias a la presión de los cultivadores de California, establece también que los indocumentados que realizaron labores agrícolas de mayo de 1985 a mayo de 1986 podrán convertirse en residentes temporales y luego permanentes.

La ley obliga a los empresarios a pedir papeles a los inmigrantes que acrediten que residen legalmente aquí, lo que para grupos defensores de los derechos civiles hará mucho más difícil la contratación de hispanos, ya que los empleadores preferirán evitarse problemas legales.

Un país 'sumergido'

La próxima aplicación de la ley se teme que origine una llegada masiva de nuevos inmigrantes, quienes, al igual que los que llegaron después de 1982 y no pueden acogerse a la amnistía, tratarán de falsificar papeles para convertirse en residentes legales. Un mercado negro de documentos falsos, carnés de conducir, contratos de alquiler, recibo de luz, ya se ha puesto en marcha, y en las principales localidades de la frontera del río Grande se pueden lograr en 24 horas.Lo máximo que hará esta ley, opinan los más optimistas, es reducir en un 20% o un 30% la inmigración ilegal, lo que no es poco, sobre todo si se tiene en cuenta que 5.000 ilegales son detenidos cada día por las patrullas fronterizas (por cada detenido otro indocumentado consigue pasar). Pero los indocumentados seguirán cruzando la frontera. El Gobierno y el Congreso confían en que si es la posibilidad de trabajo lo que provoca esta masiva llegada de inmigrantes, si desaparecen los empleos se cortará el tráfico. En cualquier caso, Estados Unidos ha tenido que optar entre detener a todos los ilegales, una labor imposible, y deportarlos, o permitir que continúe existiendo un país sumergido de millones de no ciudadanos.

Para muchos, la operación va a resultar demasiado cara. De momento, el Gobierno federal destinará 4.000 millones de dólares (unos 528.000 millones de pesetas) en los próximos cuatro años para compensar a los Estados las cantidades suplementarias que deberán gastar para suministrar educación y servicios sociales a los inmigrantes que legalicen su situación. Sólo en Los Angeles se calcula que hay 658.000 ilegales, que, con sus familias, serán amnistiados. Este aumento de residentes le costará a la ciudad 190 millones de dólares más en sus presupuestos.

Algunos economistas, como Julián Simón, de la universidad de Maryland, opinan que los ilegales no le han costado nada al país. Por el contrario, han creado riqueza al gastar sus ingresos aquí. "Pagan de cinco a 10 dólares en impuestos por cada dólar de los servicios gubernamentales que utilizan", asegura Simón.

Portavoces de la comunidad hispánica, como Raúl Yzaguirre, no están entusiasmados, pero admiten que "probablemente es la mejor legislación posible dadas las actuales circunstancias políticas". Para los granjeros del Oeste, que sin esta mano de obra barata no podrían competir en el mercado mundial con sus frutas y hortalizas, la ley les garantiza seguir contando con un peonaje que no aumentará sensiblemente sus costes de producción.