Denunciada por cohecho la responsable de destinos y permisos de la cárcel Modelo

La fiscalía de la Audiencia de Barcelona ha presentado una denuncia por supuesto cohecho contra Pilar Pato Ramillete, jefa del Servicio de Tratamiento y Observación de la cárcel Modelo de Barcelona. La denuncia sostiene que esta funcionaria presuntamente ha percibido dinero por modificar el grado de régimen penitenciario de algunos reclusos o por conceder permisos. Pilar Pato manifestó ayer que todo lo que existe es un expediente administrativo abierto por una irregularidad burocrática en la tramitación de la concesión de permisos, pero negó la acusación del cobro de dinero.

La cantidad supuestamente cobrada no se concreta en la acción judicial iniciada por la fiscalía, aunque fuentes judiciales señalan que en algunos casos ha podido ascender a 250.000 pesetas. Las acusaciones se centran en el supuesto cobro de dinero por la concesión de régimen de tercer grado, que posibilita las salidas diarias de prisión y permisos. La investigación sobre estos hechos está siendo efectuada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, que citará a declarar a la denunciada en breve plazo.El inicio de la investigación se produjo después de que un estudio del equipo de tratamiento de la prisión, examinando 300 expedientes de reclusos para determinar cuáles de ellos eran favorables para disponer de permisos de cinco o siete días, suscitara algunas sospechas. Según manifestó ayer la denunciada, Pilar Pato, todo se limitó a que entre los 300 informes presentados a la dirección se registraron divergencias de criterios en 12 casos, y en dos de ellos se observó un error en la tramitación, "motivo por el que se abrió la información sobre el conjunto del equipo de tratamiento", según matizó.

Pilar Pato sostiene que no ha existido ningún tipo de maniobra de cobro de sumas de dinero, y que la investigación abierta por los responsables penitenciarios se limitaba a estudiar la posible existencia de alguna irregularidad en alguna tramitación. "En la declaración que hice ante la instructora del expediente" añadió la jefa de servicio, "no me preguntaron nada sobre cobro de dinero".

El departamento de Tratamiento y Observación de la cárcel Modelo está compuesto por una criminóloga, que en este caso es la denunciada, un psiquiatra, tres psicólogos, una asistente social y varios educadores. Entre las funciones de este equipo se encuentran la clasificación de grados de régimen penitenciario y la elaboración de informes para la posterior concesión de permisos.

Los informes, que hace este equipo pasan a la junta de régimen de la prisión, quien después los tramita a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, departamento que concede o niega los permisos, o cambios de grado.

El pasado dia 3 de octubre, la Dirección General de Servicios Penitenciarios remitió al fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona un informe recogiendo las investigaciones practicadas por este departamento. Esta información se abrió en septiembre por presuntas irregularidades en el funcionamiento del equipo de tratamiento y observación de la prisión, según informó ayer la dirección general. El expediente administrativo aún no ha concluído, según fuentes del departamento.

La dirección general matizó ayer que desconocía si se

habían iniciado acciones judiciales y que, en cualquier caso, no

queria revelar ningún dato del expediente, "porque todavía

no ha concluido ni la información administrativa ni la

judicial, y debe aplicarse el principio de presunción de inocencia".

Petición del juzgado

Por otra parte, el juzgado encargado de la Modelo comunicó a primeros de este mes a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la existencia de un retraso en las clasilicaciones de grado de los internos cumpliendo condena. Estas demoras, según fuentes de la fiscalía, se registraron en los últimos meses.El juzgado exponía que se debía resolver este retraso, puesto que sin la clasificación de grado nó se puede agilizar el traslado a otros centros penitenciarios o asignar destinos dentro de la misma prisión. Las consecuencias de los retrasos son de especial importancia en un centro como la Modelo, con 2.100 reclusos, y empeoran la superpoblación. Además, si un interno penado no está clasificado no tiene la oportunidad de disponer de un destino concreto, ni de la adjudicación de permisos para ausentarse del centro durante algún día.

En relación con esta observación, la criminóloga manifestó al juzgado que los retrasos se producían por un problema de falta de personal asignado a esta función.