Justicia quiere reducir los 10 días de incomunicación establecidos en la ley antiterrorista

La ley que prorrogará seis artículos de la vigente ley antiterrorista que caducan el próximo 4 de enero servirá de percha al Gobierno para modificar este texto legal, discutido desde sectores jurídicos progresistas y que pone en riesgo el deseo del presidente Felipe González de europeizar la lucha contra el terrorismo. El Ministerio, de Justicia, con el respaldo del Grupo Socialista, pretende reducir los 10 días de detención incomunicada e introducir mejoras técnicas en la ley. A su vez, Interior, apoyado por el Grupo Popular, trata de endurecerla, y en especial ampliar el fuero policial. La decisión final será del jefe del Gobierno.

La creación del "espacio jurídico europeo" contra el terrorismo, propugnado por Felipe González, correría peligro si las deficiencias jurídicas de la vigente ley antiterrorista española fueran esgrimidas los próximos días 4 y 5 de noviembre en la primera conferencia de ministros responsables de la seguridad interior, que se celebrará en Estrasburgo, organizada por el Consejo de Europa. Para evitarlo, el Gobierno ha adoptado una doble estrategia: el estudio de fórmulas que "adecenten jurídicamente" la vigente ley; y el máximo sigilo sobre la reforma, en evitación de críticas que pongan en evidencia la ley española ante la opinión europea.Según fuentes oficiosas, el Ministerio de Justicia ha remitido en los últimos días a la Moncloa dos textos articulados que incluyen sendas ofertas de proyectos de ley, que tratan de evitar los motivos de las críticas y las denuncias de inconstitucionalidad que se han venido haciendo contra la ley desde organizaciones humanitarias y sectores jurídicos progresistas.

Estas críticas se refieren especialmente a aspectos llamativos que, además, se han revelado escasamente útiles para la eficacia de la investigación y, favorecedores, en cambio, de la tortura y malos tratos, en opinión de los mencionados juristas. Así ha ocurrido con la excesiva duración de la detención incomunicada, que Justicia propone reducir.

Paralelamente a estas propuestas, el Gobierno ha impuesto tal grado de secreto -aunque Liborio Hierro, subsecretario de Justicia, guste de llamarlo "discreción"- que el intento de publicación de un trabajo de ciencia jurídica ha originado el cese del subdirector general jefe del servicio de publicaciones del Ministerio de Justicia, Miguel Ángel López Requena (veáse EL PAÍS del sábado).

El trabajo, del letrado del Estado Francisco Bueno Arus, critica duramente la legislación antiterrorista, señala la dudosa consideración de la Audiencia Nacional como juez natural y recuerda que "los abusos y malos tratos pueden venir favorecidos por el alejamiento del juez natural".

Los intentos de Interior

Mientras tanto, el Ministerio del Interior pretende utilizar la prórroga de algunos artículos de la ley antiterrorista para endurecerla, en la línea de lo intentado, en algunos aspectos sin éxito, hace dos años, cuando se preparó la vigente ley.Gracias al apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, Justicia logró entonces, en las reuniones previas a la elaboración del proyecto de ley, que no prevalecieran algunos propósitos de Interior, sobre los que ahora insiste el departamento de José Barrionuevo, con el apoyo de una batería de ocho proposiciones de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Popular.

A aquellas reuniones asistieron, por parte de Interior, el director del Gabinete de Asuntos Legales, Guillermo Ostos, y la secretaría general técnica, Carmen Briones; por parte de Justicia, el entonces secretario general técnico, Pedro González Gutiérrez-Barquín, y su actual sucesor, Fernando Pastor -entonces asesor del ministro-; y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval y Francisco Granados, entre otros diputados del PSOE.

Se endurece el proyecto

Aunque Interior logró endurecer el proyecto de ley elaborado por Justicia, algunas de sus propuestas fueron frenadas por el resto de los reunidos.Entre otras, la de que las denuncias y querellas contra policías y guardias civiles implicados en la lucha antiterrorista fueran instruidas por los juzgados cehtrales de la Audiencia Nacional y que la duración de las penas impuestas a los terroristas quedaran sujetas a la decisión judicial, en función del nivel de reinserción alcanzado.

En cambio, sí prosperó, tal y como se recoge en la ley vigente, que las escuchas telefónicas a presuntos terroristas fueran autorizadas no por los jueces del lugar, sino por los juzgados centrales de Madrid.

Cuando, unos meses después, se discutió en el Parlamento la ley orgánica del Poder Judicial, el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, en su intento de que la instrucción y conocimiento de los delitos de terrorismo no fueran atribuidos a la Audiencia Nacional, obtuvo una victoria mínima. Se introdujo en el artículo 88 que "en la villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional".

Los juzgados centrales se convertían así en potestativos, y no obligatorios.

Pero en materia de fuero policial, lo que Interior no logró en la ley antiterrorista lo consiguió incorporar en parte en la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de marzo de 1986. Su texto estableció que, "iniciadas unas actuaciones por los jueces de instrucción, cuando éstos entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, suspenderán sus actuaciones y las remitirán a la Audiencia Provincial correspondiente, que será la competente para seguir la instrucción, ordenar, en su caso, el procesamiento y dictar el fallo que corresponda".