Bosillos rotos

LAS FORMACIONES políticas parlamentarias andan estos días en negociaciones de pasillo buscando el consenso sobre las líneas maestras de lo que finalmente parece que será la ley de Financiación de los Partidos Políticos. Y no han tardado en provocarse las suspicacias. El momento escogido por el partido del Gobierno para dejar traslucir su intención de presentar este proyecto al Parlamento coincide con una grave crisis económica de Alianza Popular. Una crisis que, sumada a las fracturas internas, puede contribuir a debilitarla decisivamente. ¿Le interesa esta fragilidad al PSOE? Si se atiende al solenme reconocimiento que el partido socialista ha prestado a esta fuerza de la oposición desde 1982, parece que no. La estrategia de enaltecer el protagonismo de esta facción le ha procurado al partido hegemónico altos dividendos desde hace cuatro años. Seguir por este camino, prestando una generosa ayuda a AP, puede ser una tentación que desazone a las demás fuerzas políticas.Lo cierto, aun admitiendo el oportunismo del proyecto de ley, es que el problema de la financiación de los partidos políticos es una cuestión difícil a la que se enfrentan los sistemas democráticos, y de cuya resolución depende: su consistencia. Este asunto se encuentra todavía en España sin una solución adecuada. Y ello 10 años después de celebradas las primeras elecciones libres del período democrático. Desde aquella fecha (junio de 1977) hasta ahora, las deudas de los partidos políticos no han cesado de crecer, y su atención se hace apremiante.

En la actualidad, aun aquellas formaciones políticas beneficiadas por las urnas deben miles de millones de pesetas a las entidades financieras, y no digamos las que tienen en su debe fracasos electorales rotundos, como UCD y el PCE en 1982, o el Partido Reformista Democrático en 1986. Encontrar una salida legal a esta situación es esencial si se quiere que los partidos españoles, escasos de militantes, puedan cumplir lo que la Constitución les tiene encomendado: expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento para la participación política.

El momento parece finalmente llegado, como colofón obligado del informe elaborado por la comisión Flick, creada en noviembre de 1984, a raíz de producirse el escándalo de este nombre, con la finalidad de investigar la financiación de los partidos políticos. La nueva normativa deberá afianzar los mecanismos de, financiación pública de las organizaciones de este género -en su acción. electoral, presupuestaria y de grupo parlamentario-, contemplados ya en diversas leyes, y llenar el vacío legal existente en la financiación de sus gastos ordinarios; sin olvidar, como contrapartida obligada, la puesta en marcha de un sistema de fiscalización externa de toda actividad económico-financiera de esos grupos.

Hasta ahora, la prestación del contribuyente español al mantenimiento de los partidos -cifrada en miles de millones de pesetas desde las primeras ayudas públicas en junio de 1977- no se ha correspondido con la transparencia de sus balances y con el control de sus gastos. Una y otro son fundamentales como mecanismos de tratamiento terapéutico de los propios partidos políticos, algunos de los cuales se lo pensarían dos veces antes de caer en la orgía económica en que se convierte cada campaña electoral. Dos de cada tres pesetas de las deudas que actualmente acumulan las principales formaciones políticas proceden del frenesí de esas jornadas.

La ley que ahora se promete debe terminar con un largo y espeso velo capaz de engendrar rumores y fantasías desbordadas. La regulación, pues, se ha hecho urgente, pero sería inadmisible aprovechar la necesidad de poner orden para hacer una especie de borrón y cuenta nueva del cúmulo de deudas amasadas por las organizaciones durante estos años. No es concebible una especie de amnistía económica de la que se beneficiarían principalmente al PSOE y AP, y que supondría echar sobre las espaldas del contribuyente español las consecuencias de una incontrolada megalomanía política y de sus despilfarros.